Tras una operacion que ha durado varios meses, y segun fuentes cercanas, sigue abierta, la Guardia Civil ha reunido pruebas suficientes para llevar ante la justicia a los responsables de una trama de falsificadores de cuentakilometros de vehículos que operaban en diversos puntos del territorio nacional.

De momento, el principal imputado en la actividad de trucaje es el dueño de un taller de electrónica del automóvil en el municipio de Teo, que recibía encargos de concesionarios, de empresas dedicadas a la compraventa y de particulares para llevar a cabo la manipulación a cambio de una cantidad de dinero: se reducía sensiblemente el número de kilómetros realmente recorridos e incluso se lograba que algunos coches figurasen como kilómetro cero. Después, ocultando dicha manipulación, los vehículos eran vendidos a un precio superior (entre 2.000 y 5.000 euros, según la gama) al que le correspondería de acuerdo con su estado real. Al parecer, el fraude estaba tan generalizado que se habla de más de 120 empresas sospechosas de vender los coches trucados con un perjuicio global estimado de varios millones de euros.

El problema de ésta actuación es que los hechos tienen que ser demostrables, y eso esperamos, porque ya habia sospechas generalizadas acerca de los datos que marcaban dichos cuentakilometros y la realidad que el uso del vehiculo en cuestión te delataba. Si bien es cierto que era un hecho muy dificil de probar a nivel de usuario, pero era un secreto a voces que corria de boca en boca durante muchos años y que ahora se comprueba que existen en realidad, aunque los hechos, como comentabamos, puedan ser o no demostrables.

Hay que tener en cuenta que el hecho en sí mismo de alterar un cuentakilómetros en España no es delito. Estos profesionales pueden alegar que desconocían que el uso que se le estaba dando al servicio que ofrecían estaba destinado a una actividad delictiva, como la publicitación de datos engañosos por parte de las empresas de compra venta de vehículos. Por ejemplo, si expusieron los vehículos alterados al público ofertandolos con condiciones fraudulentas, como kilometro cero, etc.

Pero la generalización de estas actividades y la cantidad tan grande de empresas que reclamaban este servicio hacen muy dificil sostener “desconocimiento” por parte de los trucadores.

Ahora bien, si el juez entiende además que “los hechos revisten notoria gravedad” y que se “ha perjudicado a una generalidad de personas”, se trataría de una estafa con sujeto pasivo masa, a la que se asignaría una pena de prisión que no podría ser inferior a tres años y un día, y que podría llegar hasta seis años y nueve meses. Estas penas se impondrían a los vendedores (autores en sentido estricto), pero también a quienes realizaron los trucajes de los cuentakilómetros, puesto que éstos serían cooperadores necesarios, que en nuestro Código Penal son castigados con las mismas penas que se asignan a los autores directos.

Ojalá.

Vía | El Pais