La decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el Real Decreto-ley 16/2025 ha puesto patas arriba el calendario de incentivos para el coche eléctrico en España. Lo que se daba prácticamente por hecho —la prórroga hasta finales de 2026 de la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados y para la instalación de puntos de recarga domésticos— ha quedado, de un día para otro, fuera del ordenamiento jurídico.
El resultado parlamentario ha sido ajustado, pero determinante. 171 votos a favor y 178 en contra (con el rechazo del Partido Popular, Vox y Junts) han bastado para tumbar un decreto calificado de «ómnibus» por la amplitud de materias que contenía. En medio de ese paquete, una de las perjudicadas directas ha sido la deducción fiscal para vehículos con enchufe, que desaparece justo en un momento de máxima incertidumbre para la electrificación del parque automovilístico español.
Adiós a una deducción de hasta 3.000 euros por coche electrificado…

Con la caída del decreto, se esfuma la posibilidad de que los particulares se acojan a la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un coche electrificado. La norma vigente desde julio de 2023 permitía aplicar ese porcentaje sobre una base máxima de 20.000 euros, lo que se traducía en un beneficio teórico de hasta 3.000 euros por vehículo, siempre que no estuviera afecto a una actividad económica.
Este incentivo tenía un efecto muy directo en el bolsillo del comprador, porque se integraba en la declaración de la renta, sumándose o complementando otras ayudas públicas como el Moves III o los programas autonómicos. Muchos ciudadanos contaban ya con ese colchón fiscal al hacer números para 2026, y ahora ven cómo esa ventaja desaparece sin margen de maniobra.
Los puntos de recarga domésticos también pierden su incentivo…

La medida no afectaba solo al vehículo. El decreto tumbado incluía igualmente la deducción del 15% en el IRPF por la instalación de puntos de recarga en el ámbito residencial, una pieza clave para que los usuarios den el paso al coche eléctrico con cierta comodidad.
En este caso, el límite se fijaba en una base anual máxima de 4.000 euros, lo que situaba la ayuda teórica en hasta 600 euros por contribuyente, siempre que el pago se realizase por medios trazables (tarjeta, transferencia, etc.) y que la instalación no se destinase a un uso profesional. Con la derogación del Real Decreto-ley 16/2025, este incentivo desaparece igualmente del mapa.
Un vacío de ayudas en pleno cambio de ciclo…

El momento elegido para esta marcha atrás complica todavía más la foto. El plan Moves III expiró el 31 de diciembre y el Gobierno había anunciado un nuevo programa, conocido como Plan Auto+, llamado a tomar el relevo. Sin embargo, a día de hoy ese plan no está aprobado ni se conocen con precisión sus bases, más allá de que en el seno del Ejecutivo se debate introducir criterios de huella de carbono que discriminen a los vehículos con mayor impacto ambiental en su fabricación, transporte y final de vida.
Mientras tanto, quienes han adquirido un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable desde el 1 de enero se encuentran en un auténtico limbo: desconocen qué cuantía podrán recibir del futuro programa, si se aplicará retroactividad y, para más inri, han perdido la seguridad de contar con la deducción estatal del 15% en el IRPF que el Congreso acaba de tumbar.
Un decreto ómnibus que se lleva por delante las ayudas al coche eléctrico…

La deducción fiscal no ha caído por un rechazo directo a la movilidad eléctrica, sino por su inclusión en un decreto ómnibus que mezclaba múltiples políticas. El Real Decreto-ley 16/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre y publicado en el BOE un día después, incorporaba medidas tan diversas como la revalorización de las pensiones un 2,7%, la ampliación de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, la garantía del suministro de energía (electricidad, gas y agua) para consumidores vulnerables, modificaciones en el bono social eléctrico o exenciones fiscales vinculadas a incendios forestales y episodios de DANA.
El desacuerdo político sobre el conjunto de ese paquete legislativo ha provocado que el texto quede derogado en bloque. Y en esa caída conjunta se han visto arrastradas las disposiciones que prorrogaban la deducción del 15% en el IRPF para la compra de coches electrificados y para la infraestructura de recarga doméstica hasta el 31 de diciembre de 2026.
Una historia que se repite: el precedente del Moves III…

La situación no es del todo nueva para el sector. En el ejercicio anterior ya se vivió un episodio parecido con la extensión del Moves III. Entonces, la prórroga inicial se aprobó también a través de un decreto ómnibus (el Real Decreto-ley 9/2024) que no fue ratificado en el Congreso. Días después, el Gobierno optó por reformular la medida en un decreto específico (Real Decreto-ley 3/2025), circunscrito a las ayudas a la compra de vehículos electrificados, que sí obtuvo el respaldo parlamentario y mantuvo la vigencia del plan hasta finales de año.
En el caso actual, para que la deducción del 15% vuelva a estar operativa, el Ejecutivo se ve obligado a presentar un nuevo real decreto-ley que la recoja de forma separada y consiga una mayoría suficiente en la Cámara Baja. Hasta que eso no suceda, el incentivo está fuera de juego y los contribuyentes no pueden acogerse a él en sus declaraciones de la renta.
Impacto directo en la electrificación y en el Plan Auto 2030…

Más allá del golpe inmediato a los bolsillos de los compradores, la caída de la deducción tiene una lectura estratégica. El Gobierno ha venido enmarcando la transformación del sector del automóvil en el Plan Auto 2030, un paraguas que aspira a ordenar la transición hacia la electrificación y a cumplir con los objetivos climáticos marcados por la Unión Europea.
Sin embargo, que una pieza central de ese marco de incentivos quede en el aire justo al inicio del año erosiona la credibilidad del plan. Las deducciones en el IRPF actuaban como señal clara de apoyo a medio plazo; su desaparición transmite la imagen contraria: que la estabilidad de las ayudas al vehículo con enchufe depende en exceso de los vaivenes políticos y de las alianzas coyunturales en el Congreso.
Un mercado atrapado en la incertidumbre…

El contexto del mercado no ayuda. España sigue por detrás de las grandes economías europeas en cuota de vehículos electrificados, pese a que en 2025 se superaron las 245.000 unidades matriculadas, con alrededor de un 18% de participación en el total de ventas, según los datos que maneja el sector. Ese avance se ha vinculado directamente a la combinación de ayudas públicas: subvenciones del Moves III, deducción del IRPF y complementos autonómicos.
Al desaparecer de golpe uno de esos pilares y quedar otro pendiente de aprobación, el riesgo es que la curva de adopción se frene. El comprador medio, ante precios todavía elevados y una oferta en expansión, tiende a retrasar la decisión o recurrir al renting si percibe que el escenario es inestable, que las reglas cambian con frecuencia o que puede haber un nuevo anuncio de ayudas en cuestión de meses.
Incertidumbre en las ayudas al coche eléctrico: claves del bloqueo y del nuevo plan…

La negativa del Congreso a prorrogar la deducción del 15% en el IRPF para vehículos electrificados ha vuelto a poner en primer plano un problema estructural: la inseguridad normativa que rodea a las ayudas al coche eléctrico en España. En los últimos años, los planes de incentivos se han sucedido con cambios constantes, anuncios tardíos y prórrogas de última hora. Esta dinámica obliga a compradores y concesionarios a decidir a contrarreloj y dificulta saber si conviene comprar ahora o esperar al siguiente programa oficial.
Esta volatilidad no solo afecta al consumidor final, sino también a fabricantes, importadores y redes comerciales, que necesitan un horizonte estable para planificar producto, precios y estrategia. Cuando los incentivos dependen del calendario parlamentario y aparecen o desaparecen sin previsión, la movilidad eléctrica avanza más por presión europea que por una política industrial sólida. El resultado es un mercado tensionado, con decisiones de compra congeladas y una sensación de provisionalidad permanente.
Mientras tanto, en el interior del Gobierno continúa el debate sobre el diseño de las próximas subvenciones a vehículos eléctricos. El Ministerio de Economía apuesta por ayudas más selectivas, ligadas al cálculo de la huella de carbono del ciclo de vida completo del vehículo, en línea con los criterios de la Unión Europea. Sin embargo, la falta de plazos claros para el Plan Auto+ añade más incertidumbre. Hasta que el nuevo decreto se apruebe y publique en el BOE, el sector seguirá esperando un marco estable que devuelva la confianza al mercado.
