El TSJM anula las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid Central

Un nuevo giro judicial afecta a las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anularlas. Este fallo tiene un impacto directo en la emblemática área de Madrid Central y en Plaza Elíptica, ubicaciones que eran clave en el plan de movilidad de la ciudad.

La sentencia, emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, ha dado la razón a las alegaciones interpuestas por el Grupo Municipal Vox. Este partido denunció la insuficiencia de los informes previos al establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según el tribunal, faltaba un análisis adecuado del impacto económico que estas medidas medioambientales podrían tener, especialmente sobre los colectivos más vulnerables económicamente, como los autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes).

Estas zonas, originalmente impulsadas bajo el mandato de Manuela Carmena y luego modificadas por José Luis Martínez-Almeida, estaban diseñadas para restringir el acceso de vehículos contaminantes. No obstante, el TSJM considera que no se evaluó correctamente si existían alternativas menos restrictivas que pudieran lograr los mismos beneficios ambientales sin afectar desproporcionadamente a ciertos sectores de la población.

Impacto en las comunidades vulnerables

Un punto central de la decisión judicial es cómo las ZBE afectan a las personas y empresas con menor capacidad económica. Aquellos sin suficientes recursos para renovar sus vehículos enfrentan dificultades para adaptarse a las normas, lo que puede considerarse discriminatorio, según los jueces. El principio de «transición justa» de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige medidas de apoyo para los colectivos más vulnerables, no se habría tenido suficientemente en cuenta.

En la sentencia, los magistrados no cuestionan la capacidad del ayuntamiento para implementar medidas medioambientales, pero sí la manera en que se llevó a cabo el proceso, enfatizando la importancia de poder equilibrar costes y beneficios en la planificación de políticas públicas.

Próximos pasos: posibilidad de recurso

A pesar de lo dictaminado, la resolución todavía no es definitiva. El Ayuntamiento de Madrid tiene la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo, lo cual podría cambiar el rumbo de esta decisión judicial en el futuro. Los servicios jurídicos del consistorio ya están analizando la sentencia para determinar los pasos legales a seguir.

Queda por ver cómo se desarrollará esta situación, que plantea importantes interrogantes sobre el futuro de las políticas de movilidad sostenible en Madrid. Mientras tanto, la incertidumbre seguirá marcando el panorama urbano y medioambiental de la ciudad.