Las balizas de emergencia V16 se han colocado en el centro del debate sobre seguridad vial y derechos de los consumidores en España. En plena recta final hacia la obligatoriedad de estos dispositivos, Facua-Consumidores en Acción ha puesto en el foco a la Dirección General de Tráfico (DGT), a la que responsabiliza de permitir un escenario de confusión generalizada en el mercado.
Según la organización, se están comercializando de forma masiva balizas anunciadas como “homologadas por la DGT” que, en realidad, dejarán de ser útiles cuando entre en vigor la obligación de que estén conectadas al sistema DGT 3.0. Esta situación, denuncia Facua, está generando un evidente perjuicio económico para miles de conductores que compran productos convencidos de que cumplirán la normativa futura.
Facua acusa a la DGT de “favorecer un fraude masivo”
Facua sostiene que la DGT está permitiendo un “fraude comercial a gran escala” al tolerar el uso del sello “homologada por la DGT” en balizas V16 sin conectividad obligatoria. Afirma que muchos consumidores compran estos dispositivos creyendo que serán válidos en 2026. La organización dice no cuestionar la venta durante el periodo transitorio, sino la falta de claridad en la información. Considera que la presentación al público es engañosa y genera confusión. Denuncia así un escenario en el que el consumidor cree adquirir un producto plenamente apto cuando no lo es.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua, acusa a la DGT de “gravísima pasividad” y de permitir un fraude masivo. Señala que empresas y plataformas se están beneficiando de la desinformación, liquidando productos de uso limitado. Afirma que Tráfico ha actuado tarde y mal, contribuyendo al engaño masivo. La crítica se centra en la ausencia de advertencias claras sobre la futura invalidez de muchos modelos. Según Facua, el organismo debería haber frenado estas prácticas antes del auge de la demanda.
Irregularidades en la venta de balizas V16…
Facua afirma que numerosas balizas se venden como “homologadas por la DGT” sin indicar que carecen de la conexión obligatoria con DGT 3.0. La asociación denuncia que se omite información clave sobre la falta de chip GPS y SIM, necesarios para enviar la ubicación del vehículo. Considera que esta omisión induce a error sobre una característica esencial del producto. A su juicio, nadie compraría una baliza sin conectividad si supiera que dejará de ser válida. Por eso exige advertencias visibles en envases y anuncios.
La organización asegura que estas irregularidades proliferan tanto en tiendas físicas como online. Indica que algunos vendedores buscan agotar existencias de modelos antiguos antes del cambio normativo. Rubén Sánchez acusa a ciertos comercios de una “omisión de datos premeditada” en el momento de mayor demanda. Facua considera que se está aprovechando el desconocimiento generalizado del consumidor. Afirma que la estrategia responde a motivos puramente comerciales.
Base legal: competencia desleal y falta de información al consumidor…
Desde el plano jurídico, Facua cita el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Ese precepto considera desleales las prácticas que presenten información falsa o veraz de modo engañoso. La organización indica que esto encaja con vender una baliza como “homologada” sin aclarar su futura invalidez. También recuerda que inducir a error sobre características esenciales altera la decisión del comprador. Por ello entiende que existe una infracción clara de dicha norma.
La asociación se apoya igualmente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Señala que los artículos 20 y 60 obligan a facilitar información veraz, suficiente y clara. Asegura que la falta de advertencias vulnera esas exigencias. También recuerda que el Real Decreto del periodo transitorio exigía máxima transparencia en la venta de balizas sin esta conectividad. Según Facua, esa obligación se ha incumplido de forma sistemática. Para la organización, las empresas han actuado ignorando esta responsabilidad.
Llamamiento a reclamar devoluciones y denunciar ante Consumo…
Facua anima a los compradores de balizas sin conectividad anunciadas como “homologadas por la DGT” a exigir la devolución del importe. Considera que han sido inducidos a error sobre un aspecto esencial del producto. Señala que el consumidor tiene derecho a recuperar su dinero. Recomienda reclamar primero al comercio o fabricante responsable. Sostiene que la engañosa presentación comercial basta para justificar la devolución total.
La organización insta también a denunciar ante las autoridades de consumo autonómicas y estatales. Afirma que estos organismos pueden abrir expedientes sancionadores a las empresas implicadas. Además, recopilará casos para trasladarlos al Ministerio competente. Su objetivo es que se compense a los afectados y se sancione a los infractores. Con ello espera disuadir al sector de continuar con prácticas engañosas.
Exigencia de un protocolo de alerta pública y más información…
Facua reclama que la DGT implemente un protocolo de alerta pública específico sobre balizas V16. Exige una campaña clara que indique qué modelos serán válidos en 2026. Considera insuficiente la difusión limitada a la web y redes sociales. Afirma que la falta de una estrategia masiva ha fomentado la confusión. Pide advertencias explícitas sobre las prácticas comerciales problemáticas detectadas.
Rubén Sánchez insiste en que Tráfico debería comunicar directamente a todos los titulares de vehículos. Propone cartas o notificaciones personalizadas sobre la obligación futura. Señala que es sorprendente que no haya llegado aún información oficial a todos los hogares. Considera que esta ausencia de comunicación ha dejado al consumidor desprotegido. Para Facua, la DGT debe intervenir de forma más proactiva y urgente.
La respuesta de la DGT: el Supremo avaló las balizas sin conexión…
La DGT recuerda que fue el Tribunal Supremo quien permitió en 2021 la venta de balizas sin conectividad durante el periodo transitorio. Asegura que su posición inicial era más restrictiva, pero que acató la decisión judicial. Desde entonces ha mantenido la coexistencia de ambos tipos de dispositivos. El organismo insiste en que recomienda consultar el listado oficial antes de comprar. Sostiene que el consumidor debe contrastar qué modelos están realmente homologados.
Tráfico afirma que publica un inventario de más de 200 balizas conectadas ya certificadas. Explica que el listado incluye certificados, laboratorios y datos grabados obligatorios. Asegura que proporciona toda la información necesaria para una elección informada. Considera que la decisión final corresponde al usuario. Sin embargo, Facua mantiene que estas medidas no han evitado la confusión generalizada.
Obligatoriedad de la baliza conectada y fin de los triángulos…
La normativa establece que desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio disponer de una baliza V16 conectada. Los triángulos dejarán de ser válidos y las balizas sin conectividad solo podrán usarse hasta la fecha. Circular sin la luz V16 homologada supondrá una infracción leve con multa de 80 euros. La DGT destaca la importancia de contar con el equipo adecuado. Recuerda que la señalización deficiente puede aumentar el riesgo de siniestros.
Si la falta de señalización provoca un accidente grave, podría derivar en infracción grave o incluso responsabilidades penales. La ley contempla penas de prisión y retirada del permiso en casos extremos. Por ello, Tráfico enfatiza la necesidad de saber utilizar la baliza correctamente. Insiste en que estos dispositivos refuerzan la seguridad del conductor en situaciones de emergencia. También subraya su papel en la prevención de atropellos y colisiones.
Cómo es y cómo funciona una baliza V16 conectada…
Las balizas V16 conectadas emiten una luz intermitente visible a un kilómetro, mejorando la detección del vehículo detenido. Se colocan en un punto elevado y se activan sin salir del coche. Esto reduce el riesgo al evitar caminar por la calzada. La característica clave es el módulo de localización con GPS y SIM integrada. Esta tecnología permite enviar automáticamente la posición al sistema DGT 3.0.
La información transmitida se limita a ubicación y tipo de incidencia, sin datos personales. Así se garantiza privacidad y seguridad simultáneamente. La ley exige que la conectividad esté operativa durante al menos 12 años. El coste del servicio está incluido en el precio de venta. No se podrán cobrar cuotas adicionales por mantener activa la SIM.
Precios y disponibilidad en el mercado…
Actualmente existen más de 200 modelos homologados de balizas conectadas en España. Sus precios suelen oscilar entre 30 y 60 euros según características adicionales. Se comercializan en múltiples canales de venta, tanto físicos como digitales. Correos, por ejemplo, ofrece modelos homologados en toda su red. La disponibilidad ha crecido rápidamente ante la proximidad del plazo obligatorio.
Aun así, conviven en el mercado modelos conectados y otros sin geolocalización, lo que genera confusión. La DGT insta a revisar el listado oficial antes de comprar. Facua critica que la coexistencia facilita prácticas engañosas en algunos comercios. La asociación exige advertencias inequívocas sobre la caducidad normativa de los modelos antiguos. Considera imprescindible una intervención más firme para aclarar el mercado.
Un choque entre seguridad vial, mercado y derechos del consumidor…
La controversia refleja el punto de encuentro entre la seguridad vial, los intereses comerciales y la protección del consumidor. La DGT defiende que ha cumplido la norma tras la sentencia del Supremo. Alega que ha dado información en su web. Facua, en cambio, considera que esta estrategia es insuficiente y poco efectiva. Denuncia que miles de conductores han comprado dispositivos que pronto no servirán.
Con la fecha límite cerca, crece la presión para depurar la oferta y reforzar la comunicación institucional. Facua reclama sanciones y un protocolo de alerta pública. El debate se centra en si se reforzarán las advertencias o persistirá la desinformación. El desenlace marcará la confianza de los consumidores en la transición hacia la baliza conectada. También influirá en la percepción de la DGT como garante de la seguridad y transparencia.
Fuente – Facua
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