El Congreso de los Diputados ha rechazado finalmente la propuesta de subir el impuesto al diésel en una jornada maratoniana y marcada por las negociaciones políticas de última hora. El Gobierno de España había incluido esta medida en su plan de reforma fiscal, con el objetivo de equiparar la tributación del diésel no profesional con la gasolina. Sin embargo, la falta de consenso entre los propios socios del Ejecutivo ha tumbado la propuesta.
La votación en la Comisión de Hacienda comenzó con un claro desencuentro por parte de los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno. Mientras que el PSOE y parte de sus aliados, como el PNV, apoyaban la subida fiscal para incentivar la transición hacia energías menos contaminantes, otros partidos como ERC, Bildu y Podemos no mostraron el mismo apoyo.
Una noche caótica en el Congreso
Las negociaciones se alargaron hasta bien entrada la noche, en la que se debatieron y votaron distintas enmiendas. El principal escollo fue la división interna entre los socios de Gobierno, que se evidenció en momentos claves de la votación. Por un lado, sectores afines al PSOE y algunos de sus aliados apostaban por la aprobación de la reforma fiscal en su totalidad, mientras que otros grupos como Junts, ERC o Bildu mantuvieron posiciones contrarias a varias de las medidas propuestas, como el aumento al gasóleo.
Durante la sesión, también se debatieron otros temas controvertidos como la imposición de un IVA del 21% a pisos turísticos, la supresión de exenciones fiscales a seguros sanitarios privados y el gravamen sobre las Socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Sin embargo, estas propuestas tampoco lograron el apoyo necesario para salir adelante.
Subida al diésel: ¿Un sobrecoste para los conductores?
La medida que pretendía aumentar la fiscalidad del diésel no profesional implicaba una subida de hasta 11 céntimos por litro, lo que podía haber generado un sobrecoste considerable para los conductores en España. Según cálculos de la OCU, con esta modificación, el coste adicional por repostar un depósito de 50 litros sería de unos 5,67 euros, una cifra significativa si se tiene en cuenta que más del 50% del parque automovilístico en España utiliza diésel.
A pesar de las promesas del Gobierno de que esta subida buscaba impulsar un uso más sostenible de los recursos energéticos, muchos sectores criticaron la medida por su impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos. La subida, que estaba pactada para entrar en vigor a partir de abril de 2025, ha sido finalmente descartada.
División entre los socios del Gobierno
Uno de los problemas principales a los que se enfrenta el Gobierno es la gran división entre los partidos que conforman la coalición. Mientras que el PSOE mantiene acuerdos con formaciones como PNV y Junts, otros aliados como Sumar, ERC o Bildu se muestran reticentes a aceptar algunas de las medidas más polémicas, como el aumento fiscal a los combustibles o el gravamen a las empresas energéticas.
En el caso específico del diésel, la propuesta se topó con la falta de acuerdo de ERC, Bildu y Sumar, quienes no dieron su apoyo a lo que consideraban una medida injusta para los conductores. A pesar de que la votación tuvo momentos de tensión, el Gobierno no logró sumar los apoyos suficientes para sacar adelante la subida fiscal.
Otras medidas fiscales en juego
Además de la subida al diésel, otras medidas clave dentro del paquete tributario también han quedado en entredicho. La propuesta para convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas fue igualmente rechazada en la Comisión de Hacienda. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por lograr consensos de última hora, las diferencias entre los partidos impidieron la aprobación de muchas de estas propuestas.
No obstante, se salvaron algunas medidas como la imposición de una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas y multinacionales, una directiva exigida por la Unión Europea que España debía aprobar para evitar sanciones comunitarias. También se aprobó una subida del IRPF para las rentas más altas y un aumento en los impuestos sobre el tabaco y los cigarrillos electrónicos.
Futuro incierto para las medidas fiscales
El Gobierno aún tiene opciones de llevar adelante algunas de las medidas que no prosperaron en la votación de la Comisión de Hacienda. De hecho, en las próximas semanas se celebrarán otros plenos en los que podrían volver a someterse a votación las propuestas que no lograron el consenso necesario en esta ocasión.
Fuentes del Ejecutivo apuntan a que, a pesar del rechazo actual, el objetivo sigue siendo lograr un paquete fiscal que permita recaudar los 4.500 millones de euros anuales que el Estado esperaba obtener con estas modificaciones. Sin embargo, el fracaso parlamentario de la propuesta inicial representa un duro golpe para los planes del Gobierno, que ahora deberá buscar nuevas vías para contentar a sus socios.
A pesar de la división y las dificultades para sacar adelante esta reforma fiscal, el Gobierno sigue confiando en poder alcanzar acuerdos de última hora que permitan la aprobación de las medidas más importantes antes de final de año. El tiempo sigue corriendo en contra y cada vez parece más complicado que todos los socios de la coalición lleguen a un consenso.