La nueva ofensiva comercial de Washington, con un arancel global del 10% a prácticamente todas las importaciones, ha reabierto el debate sobre hasta dónde puede estirarse el poder económico de la Casa Blanca. La decisión, impulsada por Donald Trump tras un serio varapalo del Tribunal Supremo estadounidense, llega en un momento delicado para el comercio internacional y genera especial inquietud en Europa y España, socios estrechos de Estados Unidos que ahora se ven atrapados en una maraña jurídica y arancelaria difícil de desentrañar.
Lejos de rebajar tensiones, la reacción del presidente ha añadido más ruido a un escenario ya enrevesado. El Supremo declaró inconstitucionales buena parte de los aranceles recíprocos aprobados al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y Trump ha respondido con una jugada de sustitución: un recargo general del 10% durante 150 días, apoyado esta vez en otra norma, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, nunca utilizada hasta ahora con este alcance.
Del revolcón del Supremo al nuevo arancel global…
El giro se desencadenó cuando el Supremo, por seis votos contra tres, concluyó que la Casa Blanca había ido demasiado lejos al usar la IEEPA para instaurar un sistema de gravámenes prácticamente universal. El tribunal consideró que esa legislación, pensada para situaciones de emergencia nacional, no permitía transformar de arriba abajo la política arancelaria sin pasar por el Congreso, lo que suponía invadir competencias legislativas.
La sentencia dejó en el aire buena parte de la arquitectura comercial que Trump había levantado en los últimos años. Quedaron sin cobertura legal los aranceles recíprocos a decenas de países, incluidos aliados tradicionales, así como aumentos específicos sobre socios como México, Canadá, Brasil o India que se habían justificado vinculándolos al tráfico de fentanilo o a represalias políticas. Además, surgió de inmediato una duda espinosa: qué ocurre con los miles de millones de dólares ya recaudados bajo un esquema ahora declarado ilegal, algo que el propio tribunal no terminó de aclarar.
Lejos de asumir la derrota, Trump decidió presentar la resolución como una especie de oportunidad para “aclarar” las reglas del juego. En una comparecencia especialmente tensa desde la Casa Blanca, cargó duramente contra los magistrados que votaron en su contra, a quienes acusó de dejarse influir por “intereses extranjeros” y calificó de “vergüenza para el país”. Al mismo tiempo, anunció que firmaría de inmediato una nueva orden ejecutiva para implantar un arancel global del 10% al margen de la IEEPA.
La apuesta por la Sección 122 y las exenciones: un arma potente pero con caducidad…
La base legal de este nuevo arancel es la Sección 122, una norma que permite imponer recargos por el déficit en la balanza de pagos. Esta herramienta fija un límite del 15% durante 150 días antes de requerir el aval del Congreso. Desde el 24 de febrero, la aduana de Estados Unidos aplica este gravamen del 10% de forma transversal a las mercancías importadas. Aunque se plantean fórmulas para prorrogar la medida, los analistas advierten que forzar este mecanismo legal podría generar un conflicto de poderes sin precedentes, afectando directamente a la estabilidad del comercio internacional y la seguridad jurídica de las empresas.
A pesar de su alcance global, existen exenciones fiscales para sectores estratégicos como la agricultura, medicamentos y minerales críticos. Sin embargo, la falta de precisión en los códigos arancelarios genera incertidumbre para las empresas exportadoras. La ambigüedad en las definiciones otorga un margen interpretativo a las autoridades, dificultando el cálculo de costes operativos en las cadenas de suministro. Para los operadores logísticos, identificar qué bienes están libres del impuesto es una prioridad absoluta para garantizar la viabilidad de sus envíos y evitar pérdidas económicas derivadas de este nuevo entorno regulatorio tan complejo y volátil.
Por otro lado, el mantenimiento de aranceles para envíos de bajo valor bajo la regla de minimis golpea duramente al sector del comercio electrónico. Al eliminarse la exención para paquetes pequeños, las plataformas de venta online pierden competitividad frente a los productores locales. Este escenario obliga a los exportadores europeos a realizar un profundo análisis de riesgos para decidir si mantienen sus rutas actuales o desvían sus inversiones hacia mercados más estables. En definitiva, el encarecimiento de los productos impactará al consumidor final, alterando el equilibrio de los grandes actores digitales en el mercado de consumo global.
Idas y venidas entre el 10% y el 15%…
La presentación del nuevo arancel ha venido acompañada de mensajes contradictorios que han desconcertado a todos los socios comerciales. En un primer anuncio desde el Despacho Oval, Trump fijó el recargo en un 10% global. Al día siguiente, a través de su red social Truth Social, aseguró que lo elevaría al 15%, el máximo permitido por la Sección 122, alegando una “revisión exhaustiva” de la decisión del Supremo y tachando el fallo de “ridículo” y “extraordinariamente antiestadounidense”.
Sin embargo, en la práctica, la orden operativa enviada por la Oficina de Aduanas indica que, al menos por ahora, la tasa efectiva se mantiene en el 10%. La Casa Blanca trabaja en ajustes y posibles nuevas disposiciones, lo que deja la puerta abierta a que ese porcentaje pueda subir si el equipo presidencial encuentra la fórmula jurídica adecuada y logra capear la resistencia en el Capitolio.
Esta sucesión de anuncios y rectificaciones alimenta la percepción de una política arancelaria volátil y difícil de predecir. Gobiernos, empresas y mercados se ven obligados a reaccionar casi en tiempo real a decisiones que cambian de matiz en cuestión de horas, lo que complica la planificación de inversiones y cadenas de suministro, especialmente en sectores donde los márgenes son ajustados.
Alcance global: preocupación en la Unión Europea y posible choque en el Congreso de EEUU…
El nuevo esquema de la política comercial estadounidense marca un giro radical al aplicar un arancel del 10% a socios estratégicos como la Unión Europea. Bajo la Sección 122, países con acuerdos previos verán cómo sus exportaciones se encarecen, perdiendo las preferencias negociadas en tratados históricos. Washington exige que sus aliados mantengan sus concesiones actuales, obligando a las empresas europeas a absorber este sobrecoste operativo. Esta medida convive con herramientas de seguridad nacional que permiten imponer gravámenes adicionales al acero o al aluminio, elevando la incertidumbre en los mercados internacionales y tensionando las relaciones diplomáticas globales.
En Bruselas, la preocupación crece ante lo que consideran una erosión de la confianza mutua y una alteración unilateral de las reglas del comercio exterior. Aunque se analizan las exenciones, la percepción general es que Estados Unidos puede cambiar el tablero de juego en cualquier momento, afectando a sectores clave de la economía europea. Este escenario agrava la inestabilidad en las cadenas de suministro, obligando a los exportadores a buscar alternativas ante un posible proteccionismo prolongado. La respuesta comunitaria será determinante para definir el futuro de los intercambios transatlánticos y la estabilidad de las inversiones extranjeras en suelo norteamericano.
El futuro de este recargo arancelario depende ahora del Congreso, que deberá pronunciarse tras el plazo inicial de 150 días. Mientras los demócratas denuncian la medida como un impuesto indirecto al consumo, en el bando republicano conviven visiones proteccionistas con sectores que temen un aumento de la inflación y de los costes empresariales. El choque político en una cámara fragmentada promete ser intenso, especialmente ante la proximidad de citas electorales y la presión de los lobbies industriales. La resolución de este conflicto legislativo marcará el rumbo de la economía global y la capacidad de Estados Unidos para liderar el sistema comercial.
Impacto directo en España: más costes y mucha incertidumbre…
España no queda al margen de este terremoto comercial. Al ser parte de la Unión Europea, los exportadores españoles pasan a enfrentarse al recargo del 10% en una amplia gama de productos, salvo las categorías expresamente excluidas. Sectores con fuerte presencia en Estados Unidos —como la alimentación y bebidas, bienes industriales, componentes de automoción o determinados productos químicos— se preparan para asumir mayores costes de entrada en su principal mercado extracomunitario.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido que la nueva situación genera una “incertidumbre extraordinaria” para las compañías españolas. En declaraciones radiofónicas, ha explicado que tras el derribo de los aranceles recíprocos por parte del Supremo, alrededor del 60% de los productos españoles vendidos en Estados Unidos quedarían en mejor posición respecto al escenario anterior, un 30% se mantendría igual y un 10% estaría peor, con un arancel medio que rondaría el 12,6%, por debajo del 14,4% que se llegó a barajar con la arquitectura previa.
Con todo, el ministro admitió que el tablero se mueve casi a diario y que “se está cambiando la portería en todo momento”. El Gobierno asegura que mantiene una línea de contacto constante con las empresas para ayudarles a navegar este contexto. El Icex ha proporcionado información específica a más de 1.600 firmas que exportan a Estados Unidos —es decir, prácticamente la totalidad de las que operan en ese mercado—, con el objetivo de aclarar qué productos quedan afectados, qué exenciones podrían aplicarse y qué alternativas logísticas o comerciales existen.
Empresas, tribunales y el debate sobre quién debe pagar realmente…
Mientras tanto, asociaciones empresariales y compañías de distintos países se preparan para una posible oleada de litigios. Colectivos como “We Pay the Tariffs”, que agrupa a centenares de negocios estadounidenses afectados por la primera ronda de aranceles, han aprovechado la sentencia del Supremo para exigir una devolución rápida y automática de las cantidades indebidamente recaudadas bajo la IEEPA. Grandes cadenas, como Costco, ya acudieron a la justicia para pedir reembolsos antes incluso de este último fallo, alegando que los gravámenes estaban deteriorando su competitividad.
Trump, por su parte, ha admitido que el asunto de las devoluciones no está resuelto y que probablemente se convertirá en un contencioso de larguísima duración en los tribunales. Al mismo tiempo, insiste en que el Supremo, lejos de recortarle poder, le habría “otorgado” más herramientas al obligarle a recurrir a otras leyes como la Sección 232, la Sección 301 o la propia Sección 122, que podrían utilizarse de manera “más fuerte y clara” para regular el comercio.
En el fondo, reaparece un debate recurrente: quién paga realmente los aranceles. Los defensores de la línea dura argumentan que los gravámenes son una forma de castigar a países que, a su juicio, “se han aprovechado” de Estados Unidos durante los años. Mientras que los críticos y buena parte de los economistas recuerdan que el coste suele trasladarse a importadores y consumidores vía precios más altos. Las cifras respaldan que la recaudación aduanera se disparó en los últimos años, pero no han evitado que el déficit comercial global estadounidense se mantenga en niveles muy elevados.
Un tablero en movimiento para el comercio con los Estados Unidos…
Con el nuevo arancel global del 10% ya en vigor, socios comerciales de todo el mundo se ven obligados a recalibrar estrategias. Para Europa y, en particular, para las empresas españolas, el escenario es un rompecabezas en el que se mezclan tipos arancelarios, excepciones sectoriales, posibles nuevas investigaciones bajo la Sección 301 y la incógnita de qué ocurrirá cuando se agote el plazo de 150 días. A falta de certezas, gobiernos y compañías intentan ganar tiempo, ajustar contratos y diversificar mercados mientras esperan a ver si el pulso entre la Casa Blanca, el Supremo y el Congreso permite estabilizar, aunque sea temporalmente, las reglas del juego comercial con Estados Unidos.
