El anuncio de que el gigante automovilístico chino SAIC Motor ha elegido el puerto de Ferrol para levantar su primera planta de ensamblaje en Europa ha generado un intenso debate en España. El proyecto, que supondrá una inversión de 200 millones de euros y la creación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo, es visto por el Gobierno gallego y por el Ejecutivo central como una oportunidad para la reindustrialización de la zona. Sin embargo, la ubicación elegida, a escasos kilómetros del arsenal militar de Ferrol y del astillero de Navantia, ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que temen un posible riesgo de espionaje y de exposición de movimientos de buques de la Armada.
Las informaciones publicadas por El Mundo y El País apuntan a que existen informes internos de Defensa que consideran la instalación de la fábrica como una amenaza para la seguridad nacional. La factoría se ubicaría en el puerto exterior de Caneliñas, a unos cinco kilómetros en línea recta del arsenal, donde tienen su base las fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán y donde se construyen las nuevas fragatas F-110. Estos buques incorporan tecnología estadounidense sensible, como el sistema Aegis, y su proximidad a una empresa estatal china podría facilitar labores de inteligencia o incluso ciberataques, según las fuentes militares consultadas.
Reacciones encontradas en el Gobierno y la Xunta
El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, ha reconocido que existe preocupación por el riesgo de espionaje que podría derivarse de la cercanía de la planta china a instalaciones militares. No obstante, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha salido al paso de estas informaciones para defender el proyecto. López ha asegurado que la inversión se llevará a cabo garantizando el respeto a la seguridad nacional y que, como en cualquier operación de esta envergadura, se podrán establecer condiciones para hacerla viable. “Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación”, ha declarado.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado de “sorprendente” y “difícil de entender” que ahora surjan dudas desde Defensa, cuando el expediente se ha tramitado durante meses de forma conjunta entre el Gobierno central y la Xunta sin que se hubiera planteado ninguna objeción. Rueda ha insistido en que la Xunta no tiene constancia de ningún informe negativo y ha exigido al Gobierno central que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con lo que considera una “oportunidad fantástica e histórica” para Galicia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, también ha mostrado su apoyo sin fisuras al proyecto, recordando que la fábrica no compartirá espacio con infraestructuras militares y que el arsenal ya es visible desde cualquier punto de la ciudad.
El contexto de la expansión china en puertos europeos
Este debate no es un caso aislado. La llegada de capital chino a infraestructuras portuarias europeas ha sido una constante desde que Pekín lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013. Empresas estatales como Cosco han adquirido participaciones en puertos como el Pireo, Valencia o Bilbao, y ahora se plantean nuevas inversiones en Portugal. La preocupación de la OTAN y la Unión Europea se centra en que estas infraestructuras críticas puedan ser utilizadas para actividades de inteligencia o como herramienta de presión en caso de crisis internacional. Un funcionario de la delegación de la UE en Pekín explica que “lo que antes se veía como una simple operación comercial ahora se analiza desde una perspectiva de seguridad”.
En el caso de Ferrol, la situación es especialmente delicada porque el puerto alberga el arsenal militar y el astillero de Navantia, donde se construyen buques de guerra para la Armada española y para clientes extranjeros. Las fragatas F-110, cuyo programa está valorado en 4.325 millones de euros, son consideradas infraestructuras críticas. La presencia de una fábrica china en las inmediaciones podría, según los informes de Defensa, exponer los movimientos de las fragatas y las tecnologías sensibles ante un “rival sistémico” como China. Además, se teme que la industria auxiliar compartida entre SAIC y Navantia pueda ser un punto débil en la cadena de suministro.
El futuro del proyecto y las condiciones impuestas
A pesar de las reticencias, el Gobierno central ha reiterado su apoyo al proyecto, aunque ha admitido que se podrán imponer condiciones. La autorización de inversión extranjera directa (FDI) es obligatoria al tratarse de una empresa no europea y de un puerto de interés general. La previsión es que SAIC obtenga los permisos necesarios a finales de 2026, comience la construcción en 2027 y la fábrica esté operativa en 2028. La planta, que fabricará vehículos eléctricos de la marca MG, generará inicialmente 1.000 empleos directos y otros 1.000 indirectos, con posibilidad de ampliación. El proyecto también incluye un centro logístico en As Pontes, localidad vecina.
Mientras tanto, la polémica sigue abierta. El alcalde de Ferrol ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que “nadie entendería un informe desfavorable por parte de un organismo del Gobierno central”. Desde la Autoridad Portuaria de Ferrol, se recuerda que la fábrica se ubicará en el puerto exterior, separada de las instalaciones militares, y que existen comités de protección con representación del Ministerio de Defensa. Sin embargo, las fuentes castrenses insisten en que la cercanía a la base naval y al astillero supone un riesgo inaceptable para la seguridad de las operaciones militares.
En definitiva, el proyecto de SAIC en Ferrol se ha convertido en un test para la política española de atracción de inversiones extranjeras en un contexto de creciente desconfianza hacia China. El Gobierno central confía en que se pueda resolver con condiciones, pero la presión de los sectores militares y de seguridad podría retrasar o incluso condicionar la decisión final. La Xunta y los agentes locales, por su parte, ven en esta fábrica una oportunidad única para transformar la economía de la comarca, que históricamente ha dependido de la industria naval y que ahora busca nuevos motores. La decisión final, que deberá tomar el Consejo de Ministros, marcará un precedente en la gestión de inversiones chinas en infraestructuras sensibles de España.
