La última DANA del 29 de octubre dejó una secuela dolorosa en la Comunitat Valenciana: miles de vidas trastocadas y decenas de miles de coches dañados, con un grupo especialmente vulnerable que hoy sigue en un auténtico limbo administrativo. Se trata de los propietarios de vehículos que desaparecieron durante la riada y que, sin localizarlos ni poder peritarlos, corren el riesgo de tener que devolver ayudas ya percibidas si no obtienen la baja definitiva en Tráfico antes de fin de año.
El reloj corre hacia el 31 de diciembre y, con él, la inquietud de quienes no pueden acreditar el siniestro total de sus coches. La Generalitat, a través del Gobierno de Mazón, ha pedido a la DGT un procedimiento extraordinario que permita dar de baja definitiva, de oficio, los vehículos con baja provisional que no han podido ser peritados porque simplemente no aparecen. Mientras, el Consorcio de Compensación de Seguros recuerda que no puede indemnizar sin verificación de daños y el requisito habitual de achatarramiento hace inviable el cobro en estos casos.
Qué se exige para conservar las ayudas y por qué muchos no pueden cumplirlo
Tras una inundación de esta magnitud, el itinerario normal para cerrar el expediente del coche es claro: peritaje, declaración de siniestro total, baja definitiva y achatarramiento. Sin embargo, cuando el vehículo no se encuentra, el círculo se rompe. La DGT no puede cursar la baja definitiva sin peritaje y sin poder certificar que el coche ha quedado inservible, y esa imposibilidad arrastra todo lo demás: sin baja definitiva no hay indemnización completa del Consorcio ni se consolidan las ayudas autonómicas.
Los afectados cuentan en muchos casos con una baja provisional, pero esa figura no basta para apuntalar las subvenciones. La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha explicado que la DGT necesita una acreditación de inutilidad del vehículo que derive en achatarramiento. De no obtenerse, la Administración autonómica quedaría obligada a exigir la devolución de las ayudas ya abonadas, algo que nadie desea y que el Ejecutivo valenciano quiere evitar con una vía excepcional en Tráfico.
Para aliviar la presión, la Generalitat ha movido ficha a través de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV). La consellera insiste en que están realizando todas las gestiones a su alcance para que las personas afectadas puedan conservar lo que ya han cobrado, pero recalca que la competencia para la baja definitiva recae en la Dirección General de Tráfico. La petición al Estado pasa por habilitar una fórmula extraordinaria «de oficio» para los casos en que el coche sigue ilocalizable.
El Consorcio, por su parte, recuerda lo estipulado por contrato: sin comprobación de los daños no puede pagar. En su página de preguntas frecuentes subraya que, una vez vaciadas las campas municipales, analizará caso por caso qué acciones emprender. Este planteamiento deja en el aire a quienes ya han recibido compensaciones y temen perderlas si no se activa a tiempo una solución administrativa clara.
El gran escollo es práctico y jurídico a la vez: si el coche no está, no se puede peritar; si no se perita, no hay baja definitiva; si no hay baja definitiva, no se consolidan las ayudas. De ahí que la Generalitat proponga a la DGT un procedimiento ad hoc que reconozca administrativamente la desaparición en el contexto de la catástrofe, sin exigir la localización física del vehículo.
Las cifras del desastre: de más de 100.000 vehículos dañados a 800-900 sin rastro
La magnitud del problema se entiende mejor en cifras. Distintas fuentes hablan de más de 100.000 vehículos dañados por la DANA en la Comunitat Valenciana, y las asociaciones de víctimas sitúan el total de coches implicados inicialmente entre 120.000 y 130.000. Dentro de ese universo, hay un núcleo duro: en torno a 800-900 coches siguen desaparecidos, sin que sus dueños hayan podido verlos ni una sola vez desde el día de la inundación.
Para muchas familias, el coche perdido era su medio de vida. En el caso de autónomos y trabajadores por cuenta ajena, la falta de vehículo supone un coste doble: no pueden desplazarse y al mismo tiempo el bloqueo administrativo impide cerrar la ayuda y adquirir otro coche con certidumbre. La sensación de «riada burocrática» se ha convertido en una expresión repetida entre los damnificados.
La presión temporal añade nerviosismo. Hay un horizonte nítido, el 31 de diciembre, a partir del cual podrían llegar requerimientos para devolver lo percibido si no hay baja definitiva. En paralelo, el Consell amplió la subvención autonómica: las ayudas llegan a 2.000 euros por vehículo dañado y pueden complementarse con otros 2.000, pero ese dinero queda en el aire si el expediente no queda correctamente cerrado.
En algunos municipios, los vehículos retirados de la vía pública fueron llevados a campas temporales. Tras su vaciado, muchos propietarios han perdido toda pista. «Cuando vaciaron la campa, el coche ya no estaba» es la frase que se repite, y sin localización no hay peritaje, sin peritaje no hay baja definitiva, y sin baja definitiva no hay tranquilidad alguna sobre las ayudas.
Además, la norma general exige la acreditación de que el vehículo es inservible y su destino final es el desguace. Cuando el agua se llevó un coche y jamás ha sido recuperado (o fue robado en el caos posterior), el requisito de achatarramiento se convierte en una barrera insalvable, salvo que la DGT habilite una fórmula administrativa específica para reconocer la desaparición.
Qué propone la Generalitat y cuál es el papel de la DGT
La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha sido clara: la Generalitat no quiere ver a cientos de afectados devolviendo ayudas «por un problema de procedimiento». Por eso, el Gobierno de Mazón ha instado oficialmente a la DGT a articular un procedimiento extraordinario que permita dar de baja definitiva, de oficio, los vehículos con baja provisional no localizados y no peritados.
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) se ha dirigido ya a Tráfico, y desde el Consell garantizan que realizarán todas las gestiones necesarias para que nadie pierda la compensación por un tecnicismo. No obstante, Merino recuerda que la competencia para emitir la baja definitiva es estatal, y cualquier solución requiere la acción de la DGT.
La medida extraordinaria podría adoptar la forma de una declaración administrativa o un justificante específico que dé por desaparecido oficialmente el vehículo, sin necesidad de localizarlo. Con este documento, se evitaría el perjuicio económico en términos de indemnizaciones del Consorcio y de ayudas autonómicas, y se cerraría un bucle que hoy es imposible de resolver para quien no tiene coche que presentar.
Esta petición lleva tiempo en la mesa, porque la situación de los afectados es conocida desde hace meses. El propio Ejecutivo valenciano admite que la exigencia de peritaje en vehículos materialmente ilocalizables no se ajusta a la realidad de una catástrofe natural de esta escala, y que es preciso un criterio administrativo adaptado a la emergencia.
Los afectados, por su parte, piden celeridad. Cada semana que pasa acerca el fin de año, y la ansiedad por un posible reintegro crece. «Somos conscientes de la inquietud y la impotencia», ha dicho la consellera, subrayando la urgencia de que la DGT habilite la solución cuanto antes.
El Consorcio de Compensación de Seguros y el atasco del peritaje
El Consorcio de Compensación de Seguros actúa conforme al contrato y a la normativa. En su web, explica que no puede indemnizar daños sin verificación previa en el propio vehículo. Añade que, una vez vaciadas las campas habilitadas por los ayuntamientos, analizará uno a uno los expedientes para determinar la vía de actuación. Ese «caso por caso» deja puertas abiertas, pero también tiempo de espera.
En la práctica, esto significa que quien no haya podido acreditar el siniestro total y el achatarramiento se queda a medio camino. Incluso en situaciones donde se adelantaron cantidades o se abonaron subvenciones, los titulares podrían verse requeridos a devolver el dinero si no presentan en plazo la documentación definitiva de baja.
Para quienes sí vieron el coche en un primer momento y pudieron documentarlo con fotos o vídeos, la situación es especialmente frustrante. Aunque esos materiales sirvieron para iniciar trámites y, en algunos casos, para cobrar, la desaparición posterior del vehículo de la campa impide completar la baja definitiva. En ausencia de un mecanismo extraordinario, el expediente queda abierto e inacabado.
Las ayudas autonómicas, tal como se aprobó, alcanzan los 2.000 euros por vehículo dañado, ampliables en otros 2.000 tras la última decisión del Consell. Sin un ajuste normativo o administrativo, quienes no acrediten la baja definitiva podrían tener que retornar hasta 4.000 euros, una losa difícil de asumir cuando la DANA ya provocó pérdidas económicas y personales sustanciales.
El cuello de botella, por tanto, no es la voluntad política de ayudar, sino la imposibilidad material de cumplir requisitos pensados para contextos normales en un escenario extraordinario: hay coches que el agua arrastró y nunca devolvió, y otros que, según denuncian sus dueños, podrían haber desaparecido de campas o desguaces sin dejar rastro administrativo claro.
El caso de José García y la «riada burocrática» que desespera
El testimonio del taxista José García, de Paiporta, condensa el problema. Cuando vio subir el agua, trató de poner a salvo su vehículo de trabajo, prácticamente nuevo. A punto estuvo de costarle la vida. Después, localizó su taxi destrozado y llegó a hacer fotos y vídeos que le permitieron tramitar y cobrar ayudas del Consorcio y de la Generalitat. Pero cuando el coche fue llevado a una campa y esta se vació, desapareció también su rastro.
Desde entonces, no ha logrado la baja definitiva que requiere la DGT para cerrar el expediente. Tiene tiempo hasta fin de año para presentarla y, si no lo consigue, se expone a devolver 4.000 euros de ayudas autonómicas. En ese periodo, llegó a estar cinco meses sin trabajar, apoyado únicamente en las ayudas por cese de actividad de autónomos y afrontando la cuota, una travesía que ahora se agrava por el bloqueo administrativo.
José no es un caso aislado. Las asociaciones calculan entre 800 y 900 coches aún desaparecidos. Muchos afectados se han autoorganizado en redes con grupos como «Vehicles Desapareguts Dana 29-O», donde comparten pistas, contrastan información y preguntan por campas, desguaces y ubicaciones posibles. Él sigue buscando, incluso con referencias tan concretas como su licencia del taxi, a la espera de una solución administrativa que no le obligue a devolver lo ya percibido.
«Lo que no consiguió la riada, que fue hundirme, lo conseguirá la burocracia», lamenta. Su frase ha acabado por convertirse en un grito compartido por quienes ven cómo el expediente no avanza por causas ajenas a su voluntad: no pueden entregar lo que se les pide, porque el coche no aparece.
Un componente adicional de estrés viene del calendario. Con el 31 de diciembre marcado en rojo, los damnificados reclaman que las administraciones concreten de inmediato un procedimiento extraordinario, sin esperar al último minuto, porque las consecuencias económicas para muchas familias serían muy severas.
Víctimas organizadas y la figura de la comisionada para la DANA
Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han hecho de esta «tierra de nadie» burocrática una prioridad. En su primera reunión con la comisionada de la DANA, Zulima Pérez, trasladaron la urgencia de desbloquear los expedientes de coches desaparecidos. Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, ha puesto el foco en la cifra que más duele: entre 800 y 900 vehículos siguen sin localizar.
Estas organizaciones no solo piden una solución de Tráfico; reclaman coordinación entre todas las administraciones implicadas para que la persona afectada no quede atrapada entre competencias cruzadas. La prioridad es que nadie tenga que devolver una ayuda por un requisito imposible de cumplir y que, además, exista un cauce de revisión caso por caso para situaciones especialmente complejas.
Desde el comisionado del Gobierno de España para la DANA señalan que se están buscando soluciones administrativas o normativas que permitan deshacer el nudo. En paralelo, las asociaciones mantienen reuniones periódicas con Generalitat y ayuntamientos para reconstruir trazas y listados de coches que salieron de campas concretas.
El tejido vecinal, como tantas veces, ha sido el primer colchón: grupos, canales de mensajería y tuits ayudan a poner en común datos dispersos. La expectativa, no obstante, pasa por una respuesta institucional clara que garantice seguridad jurídica a quienes ya han sufrido de sobra las consecuencias de la catástrofe.
Una derivada paralela: la regularización de la productividad policial
La DANA ha tenido otras consecuencias administrativas menos conocidas, como la polémica con el abono especial por productividad a policías que trabajaron en las zonas más afectadas. Diez meses después, la Jefatura Superior de Policía en Valencia ha ordenado regularizar esos pagos: a un centenar de agentes se les detrae ahora parte de la paga extra, provocando que en septiembre haya nóminas de 100 o 200 euros e incluso casos con cuantías negativas.
La gratificación se estructuró en dos conceptos: 100 euros por cada servicio extraordinario y 45 euros diarios entre el 29 de octubre y el 17 de diciembre. Tras las quejas sindicales y ajustes de criterio, la Jefatura pidió el detalle de quiénes trabajaron presencialmente, y se detectaron pagos indebidos en unos casos y falta de abono en otros. El resultado: regularización para unos y abono para quienes cumplían criterios.
El sindicato Jupol ha denunciado opacidad y errores en el proceso, reclamando transparencia en los criterios y extensión a unidades que también prestaron servicio. La Dirección General de Policía ha confirmado que las detracciones se aplicarán en la nómina de septiembre, con posibilidad de fraccionar en varios meses dependiendo de la cuantía, una petición reiterada por las organizaciones sindicales.
Desde el punto de vista legal, la Administración puede exigir el reintegro de pagos indebidos, pero debe iniciar el procedimiento conforme a la Ley 39/2015, con notificación, motivación y plazo de alegaciones. Además, en algunos casos la devolución supera lo ingresado en su día, porque el funcionario cobró el importe neto tras retenciones del IRPF y ahora debe reintegrar el bruto, gestionando después la recuperación de la retención ante la Agencia Tributaria.
Según fuentes policiales, en torno a 3.500 agentes se han visto afectados de alguna manera por esta regularización. Aunque es un asunto distinto al de los coches desaparecidos, comparte un hilo común: la necesidad de procedimientos claros y predecibles para evitar que los damnificados por la DANA —o quienes trabajaron en su respuesta— sufran un perjuicio añadido por la gestión administrativa.
Qué pueden esperar los afectados en las próximas semanas
La clave está en la DGT. Si se habilita el procedimiento extraordinario solicitado por la Generalitat, los coches con baja provisional que siguen sin localizar podrían obtener una baja definitiva de oficio, mediante una declaración administrativa que reconozca su desaparición en el contexto de la DANA. Este documento permitiría consolidar ayudas y cerrar indemnizaciones del Consorcio sin exigir un peritaje imposible.
Mientras llega esa decisión, la ATV y los ayuntamientos siguen recabando información. Para muchos expedientes, reconstruir el «último paradero conocido» —una campa municipal, un desguace, un traslado— es crucial. Cualquier prueba documental que acredite el estado del vehículo tras la riada (fotos, vídeos, denuncias, actas municipales) suma a la trazabilidad, aunque hoy por hoy la barrera no está en la prueba sino en la falta de mecanismo para convertir esa prueba en baja definitiva.
Desde el comisionado del Gobierno se han abierto vías para estudiar soluciones normativas si la administrativa no basta. Los afectados insisten en que una instrucción clara, con requisitos tasados y horizonte temporal inmediato, evitaría devoluciones injustas, ahorraría recursos públicos en trámites estériles y devolvería un mínimo de certidumbre a cientos de familias que lo han perdido todo.
Queda poco margen y mucho en juego: la vida cotidiana de quienes dependen del coche para trabajar, el cierre ordenado de expedientes y la confianza en la respuesta institucional tras un desastre natural. Una solución de Tráfico —rápida, proporcionada y adaptada a la excepcionalidad— sería la pieza que falta para que la ayuda llegue realmente a su destinatario final.
Lo sucedido tras la DANA ha dejado números rotundos y dilemas complejos: de más de cien mil vehículos dañados a casi un millar desaparecidos, de ayudas aprobadas a la amenaza de reintegros por trámites imposibles, del esfuerzo de policías y funcionarios a la regularización tardía de pagas. Si prospera el procedimiento extraordinario de la DGT y se consolida el enfoque «caso por caso» del Consorcio, cientos de afectados podrán respirar por fin, cerrar sus expedientes sin devolver dinero y empezar de verdad a reconstruir su vida después del agua.