El conflicto sobre la baliza V16 no es nuevo pero ahora la historia suma un nuevo capítulo. Todo apunta a que el Gobierno español no notificó a Bruselas los Reales Decretos que regulan este dispositivo y su conectividad DGT. Según la Comisión Europea, esta omisión vulnera la Directiva (UE) 2015/1535, lo que genera una gran incertidumbre jurídica sobre la validez de la norma y la aplicación de futuras multas y sanciones a los conductores.
Esta falta de transparencia técnica podría considerarse una barrera en el mercado interior, afectando a la libre competencia entre fabricantes europeos de señales V16. Aunque el objetivo es mejorar la seguridad vial mediante el vehículo conectado, la justicia podría invalidar la obligatoriedad del sistema si se confirma que España ignoró los protocolos del Derecho europeo vigentes. Por tanto, te vamos a explicar qué puede pasar ahora porque el Gobierno español parece no oír ni a Europa…
Qué cuestiona exactamente la Comisión Europea…
La Comisión Europea ha confirmado, a través de Stéphane Séjourné, que los Reales Decretos sobre la baliza V16 y su conexión con la DGT no fueron notificados según la Directiva (UE) 2015/1535. Esta normativa comunitaria exige que los Estados miembros informen previamente sobre cualquier reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior, garantizando así que las nuevas exigencias nacionales no vulneren los principios de transparencia comercial ni creen barreras injustificadas entre los países de la Unión.
El procedimiento de control de la Unión Europea actúa como un filtro de seguridad vial y técnica para evitar obstáculos a la libre circulación de mercancías. Al no remitir el proyecto, España omitió el análisis preventivo que permite a otros países y a la propia Comisión evaluar si los requisitos de conectividad de la señal V16 respetan la competencia. Séjourné subraya que, aunque la omisión es un hecho objetivo, corresponde inicialmente a cada gobierno determinar si sus normas deben someterse a este cauce legal.
Pese a la falta de comunicación oficial a Bruselas, el Ejecutivo comunitario evita por ahora una condena jurídica tajante contra la administración española. La respuesta a la eurodiputada Dolors Montserrat pone el foco en la norma europea de transparencia, dejando en evidencia que el sistema de balizas conectadas se implementó sin el visto bueno previo del organismo. Este escenario plantea dudas sobre la futura validez de la norma si se considera que incumple los protocolos técnicos obligatorios de Europa.
Un dispositivo obligatorio, conectado y geolocalizado…
La controversia no gira únicamente alrededor de la baliza V16 como elemento de seguridad, sino sobre cómo se ha configurado en la legislación española. La normativa nacional prevé que, a partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada sea el único medio legal de preseñalización de peligro en carretera, desplazando definitivamente a los triángulos. Además de exigir que el dispositivo emita una señal luminosa para avisar al resto de usuarios, la regulación española añade una capa tecnológica relevante.
La baliza debe transmitir automáticamente su localización a la plataforma DGT 3.0, integrándose así en el sistema de vehículo conectado impulsado por la Dirección General de Tráfico. El Real Decreto 159/2021 y, sobre todo, el Real Decreto 1030/2022 detallan requisitos de certificación, verificación de conectividad y capacidad de comunicación que afectan de lleno al diseño y a la fabricación de estos dispositivos.
Es precisamente esta combinación de obligatoriedad general y requisitos técnicos concretos ligados a una plataforma nacional lo que ha encendido las alarmas en Bruselas, que recuerda que ese tipo de exigencias puede tener un impacto directo sobre fabricantes y distribuidores en todo el mercado europeo. La logística de distribución y venta, por ejemplo, ha sido observada tras iniciativas comerciales como la de Correos impulsando la venta de balizas autorizadas.
La falta de notificación y sus posibles consecuencias legales…
La Comisión Europea subraya que la Directiva (UE) 2015/1535 obliga a los Estados a notificar cualquier reglamento técnico antes de su aprobación definitiva. El incumplimiento de este trámite esencial puede activar un procedimiento de infracción bajo el artículo 258 del TFUE. Este mecanismo permite a Bruselas actuar legalmente contra la normativa de un país si considera que vulnera el mercado común, pudiendo derivar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una sentencia definitiva.
Una consecuencia crítica de esta omisión es la posible inaplicabilidad judicial de la norma en el ámbito interno. Según la jurisprudencia europea, los jueces nacionales deben ignorar aquellos reglamentos técnicos que no hayan sido comunicados previamente a Bruselas. Esto implica que, ante futuros litigios, la obligación de usar la baliza V16 conectada podría quedar sin efecto práctico. Esta situación genera dudas razonables sobre la validez de las multas y sanciones impuestas bajo este marco regulatorio.
Aunque no existe una derogación automática de la ley española, la falta de notificación introduce una evidente incertidumbre jurídica para los conductores. Este escenario facilita la presentación de recursos judiciales y controversias que podrían forzar una modificación urgente de la normativa vigente sobre seguridad vial. El Gobierno se enfrenta ahora al reto de aclarar la validez de la señal V16 conectada para evitar un vacío legal que afecte a la libre circulación y a los derechos de los consumidores.
Mercado interior y requisitos técnicos nacionales…
La Comisión Europea ha señalado que la regulación de los dispositivos de señalización de peligro no está armonizada en la Unión, lo que otorga a cada Estado competencia para definir sus propias normas de seguridad vial. No obstante, esta autonomía no es absoluta, ya que cualquier reglamento técnico nacional debe respetar el principio de libre circulación. Bruselas advierte que imponer requisitos específicos a productos comercializados en diversos países podría constituir una restricción encubierta al comercio intracomunitario.
En el caso específico de la baliza V16, la obligación de usar un dispositivo con conectividad DGT genera dudas sobre si se está limitando la competencia entre fabricantes europeos. Según el artículo 34 del TFUE, las medidas que condicionen el diseño de un producto pueden considerarse barreras técnicas. Si se confirma una restricción al mercado interior, las autoridades españolas estarían obligadas a justificar legalmente esta exigencia basándose en la protección de la vida y la seguridad de los conductores.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario evita declarar ilegal la normativa española, pero recuerda que el Derecho europeo supervisa cualquier medida que pueda privilegiar modelos nacionales. La imposición de una plataforma de datos concreta y un sistema de certificación propio para la señal V16 debe ajustarse cuidadosamente a las normas comunes para evitar conflictos jurídicos. Por ahora, Bruselas se limita a vigilar que estas exigencias técnicas no supongan un obstáculo desproporcionado para las empresas del sector.
Situación actual para los conductores en España…
Pese al ruido político y jurídico generado, la posición práctica para los usuarios es clara: la normativa española sobre la baliza V16 conectada sigue en vigor. El calendario aprobado por el Gobierno no ha cambiado y, por tanto, desde el 1 de enero de 2026 la V16 conectada y certificada es el único dispositivo válido para preseñalizar una incidencia en carretera en sustitución de los triángulos.
La advertencia de Bruselas no supone, por ahora, que las multas o controles de tráfico queden en suspenso ni que la DGT deje de exigir el cumplimiento de la norma. Lo que sí hace es abrir un nuevo frente jurídico y político que podría desembocar, si el conflicto escalase, en ajustes normativos o en una defensa más detallada del encaje de la V16 en el Derecho de la Unión. De hecho, ya hay información sobre cómo la DGT sanciona el incumplimiento en la práctica.
En la práctica, podría llegar el momento en que un conductor, una asociación profesional o un fabricante planteen un recurso ante un juez alegando falta de notificación y restricciones al mercado interior. En ese supuesto, un tribunal español tendría que decidir si aplica o no la norma, a la luz de la doctrina del TJUE que exige dejar sin efecto los reglamentos técnicos no notificados cuando la notificación era exigible. Además, ya existen dudas prácticas sobre la convivencia de dispositivos, como si pueden multar por usar triángulos y V16 simultáneamente.
Dudas legales y presión política en España y la Unión Europea…
La seguridad jurídica de la nueva baliza V16 está bajo mínimos tras las críticas del Partido Popular en Bruselas y Madrid. Dolors Montserrat ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ignoró el Derecho de la Unión al no notificar los requisitos técnicos del dispositivo. Según la eurodiputada, actuar al margen del consenso europeo genera una «enorme incertidumbre» que afecta tanto a los fabricantes como a los conductores, quienes se enfrentan a una normativa que podría ser invalidada por los tribunales nacionales si se confirma que vulnera la transparencia comunitaria.
En el ámbito nacional, la controversia ha forzado la petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La oposición exige explicaciones urgentes en el Congreso sobre el «caótico proceso» de implantación de la señal V16 conectada y las campañas de la DGT. El debate parlamentario, aplazado recientemente, cobra ahora una relevancia crítica tras el pronunciamiento de la Comisión Europea. Se busca aclarar si las exigencias técnicas impuestas respetan la libre competencia o si suponen una barrera ilegal dentro del mercado único europeo.
Mientras el Gobierno defiende el dispositivo como una herramienta vital de seguridad vial, millones de usuarios permanecen atentos a las posibles repercusiones legales. La falta de notificación previa a Bruselas abre la puerta a que las multas y sanciones derivadas de su uso obligatorio sean recurribles ante la justicia. Este pulso político no solo cuestiona la gestión del Ejecutivo, sino que pone en duda la validez del calendario de la DGT 3.0, dejando el futuro de la preseñalización de emergencia en España a la espera de una resolución jurídica definitiva.
Un debate entre seguridad vial, tecnología y Derecho europeo…
El caso de la baliza V16 evidencia la complejidad de unir innovación y seguridad vial dentro del marco normativo de la Unión Europea. España apuesta por un modelo de vehículo conectado que reporta datos en tiempo real a la DGT, buscando reducir accidentes en carretera mediante geolocalización. Este enfoque tecnológico plantea interrogantes sobre la protección de datos y la competencia entre fabricantes, ya que la obligatoriedad de un dispositivo específico a nivel nacional debe equilibrarse con las exigencias de transparencia y libre mercado que rigen en todo el territorio comunitario.
La Comisión Europea ha constatado que el Gobierno no notificó esta normativa técnica, incumpliendo la Directiva (UE) 2015/1535. Esta omisión abre la puerta a posibles recursos judiciales y a un procedimiento de infracción que podría dejar la norma en el aire. Aunque el objetivo de salvar vidas es legítimo, Bruselas vigila que el camino jurídico elegido no fragmente el mercado interior. La polémica sobre las balizas homologadas y los derechos de los consumidores añade presión a un conflicto que depende ahora de la reacción de los tribunales.
Pese a la incertidumbre, la normativa de tráfico actual mantiene el calendario de implantación previsto para la señal V16 conectada. Los conductores deben adaptarse a este cambio tecnológico mientras los organismos europeos deciden si la falta de notificación invalida las multas y sanciones asociadas. El desenlace determinará si España debe ajustar su regulación o si el modelo de conectividad se consolida bajo la estricta vigilancia de la Unión Europea, marcando un precedente clave para la futura movilidad inteligente en las carreteras del continente.