El pulso polĆtico dentro de la Unión Europea por el futuro del coche de combustión a partir de 2035 ha entrado en una fase decisiva, y EspaƱa ha decidido situarse en el centro del debate. En plena revisión de la normativa climĆ”tica para el sector del automóvil, el Gobierno de Pedro SĆ”nchez ha movido ficha para tratar de blindar el veto a los motores tĆ©rmicos, mientras Bruselas sopesa aflojar la cuerda para aliviar la presión sobre la industria.
Con una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Gobierno ha dejado claro que EspaƱa no quiere abrir la puerta a una prórroga. SĆ”nchez reclama que se mantenga sin cambios la prohibición de matricular coches nuevos de gasolina, diĆ©sel e incluso hĆbridos a partir de 2035, en un momento en el que varios paĆses, grandes fabricantes y el Partido Popular Europeo presionan para retrasar plazos y suavizar objetivos.
La carta de SĆ”nchez: lĆneas rojas frente a la flexibilizaciónā¦

En la misiva el presidente del Gobierno advierte de que EspaƱa ārechaza que los vehĆculos con motor de combustión u otras tecnologĆas sin viabilidad probada puedan seguir comercializĆ”ndose mĆ”s allĆ” de 2035ā. No solo se opone a extender la vida de los motores tĆ©rmicos clĆ”sicos, sino tambiĆ©n a dar barra libre a soluciones intermedias que no hayan demostrado ser realmente neutras en carbono.
El Ejecutivo espaƱol subraya que la Comisión ya incorporó flexibilidad el aƱo pasado al modificar el reglamento de CO2 para el periodo 2025-2027, permitiendo a los fabricantes promediar sus emisiones durante tres aƱos. SegĆŗn SĆ”nchez, cualquier relajación adicional supondrĆa un riesgo serio de āretraso significativoā en las inversiones de modernización y en la descarbonización de la industria automovilĆstica europea.
El mensaje del Gobierno se apoya en un argumento económico de fondo: cambiar ahora las reglas del juego podrĆa desincentivar la demanda de vehĆculos elĆ©ctricos, restar atractivo a las inversiones ya realizadas y āaumentar la probabilidad de cierres de plantas y pĆ©rdidas de empleo en toda la UEā. En un paĆs como EspaƱa, segundo fabricante de automóviles de Europa y con un sector que supone alrededor del 10% del PIB y cerca del 9% del empleo, el Ejecutivo recalca que el riesgo no es solo climĆ”tico, sino tambiĆ©n industrial.
Bruselas se plantea mover la fecha y abrir excepcionesā¦

Mientras tanto, en la Comisión Europea se trabaja a contrarreloj en una revisión de la normativa que prohĆbe la venta de vehĆculos de combustión en 2035. Los borradores que circulan por Bruselas apuntan a un giro relevante: se estudia permitir que en 2035 hasta un 10% de las ventas de coches nuevos sigan siendo de modelos que emitan CO2, desplazando el veto total a 2040.
AdemĆ”s, el Ejecutivo comunitario sopesa ampliar la definición prĆ”ctica de ācero emisionesā en determinados segmentos, sobre todo en las flotas corporativas. En la prĆ”ctica, esto abrirĆa la puerta a que los hĆbridos enchufables (PHEV) y los elĆ©ctricos de autonomĆa extendida āvehĆculos elĆ©ctricos que incorporan un pequeƱo motor de combustión como generadorā puedan seguir matriculĆ”ndose despuĆ©s de 2035 sin contabilizarse como contaminantes en ciertos cómputos.
Esta posible relajación llega en un contexto complejo para el sector. La industria europea del motor atraviesa dificultades por la competencia de los elĆ©ctricos chinos de menor precio, las tensiones comerciales con Estados Unidos y unas ventas de vehĆculos de baterĆas por debajo de lo que preveĆan los escenarios mĆ”s optimistas. Para Bruselas, el reto es encontrar un equilibrio entre mantener el rumbo climĆ”tico y evitar una pĆ©rdida acelerada de tejido industrial.
EspaƱa frente al bloque que quiere mĆ”s margenā¦

En ese tablero, EspaƱa se ha alineado con los paĆses que defienden mantener la fecha de 2035 como punto de no retorno para los motores de combustión. Durante buena parte del proceso, Francia ha compartido esta postura, aunque en las Ćŗltimas semanas ParĆs ha empezado a mostrar apertura a ciertas flexibilidades si sirven para garantizar que el valor aƱadido de los coches que sigan vendiĆ©ndose se quede dentro de la UE.
En el lado opuesto se sitĆŗa el grupo de Estados que reclama abiertamente un cambio de rumbo. Alemania, Italia, Polonia, HungrĆa, Bulgaria, RepĆŗblica Checa y Eslovaquia han encabezado la ofensiva para āsuavizarā la prohibición y dar mĆ”s tiempo a la industria tradicional de motores tĆ©rmicos. Algunos de estos paĆses han enviado cartas conjuntas a la Comisión solicitando que la UE āabandone el dogmatismo ideológicoā y adopte un enfoque mĆ”s āpragmĆ”tico y tecnológicamente neutralā.
El Partido Popular Europeo (PPE), primera fuerza en el Parlamento Europeo y familia polĆtica de Von der Leyen, tambiĆ©n ha intensificado la presión. Su presidente, Manfred Weber, ha llegado a seƱalar que la āprohibición de los motores de combustión interna es ya historiaā y que la propuesta que prepara la Comisión apuntarĆ” a una reducción del 90% de las emisiones a partir de 2035, en lugar del 100% inicialmente previsto. Ese margen permitirĆa, de facto, seguir produciendo y vendiendo motores tĆ©rmicos siempre que cumplan con las nuevas exigencias.
HĆbridos como tecnologĆa de paso, pero con lĆmitesā¦

Uno de los puntos donde EspaƱa ha querido marcar terreno es el de los vehĆculos hĆbridos e hĆbridos enchufables (PHEV). El Gobierno admite que los hĆbridos convencionales pueden cumplir una āfunción transitoriaā hasta 2035, pero considera que su papel debe ir reduciĆ©ndose progresivamente para no ralentizar la expansión de los elĆ©ctricos puros.
Con respecto a los hĆbridos enchufables (PHEV), la postura es todavĆa mĆ”s estricta. SĆ”nchez defiende que, mĆ”s que proteger su continuidad tras 2035, habrĆa que sujetarlos a lĆmites de producción incluso antes de esa fecha. La lógica es que, si se ofrece un horizonte muy amplio a estas tecnologĆas, una parte significativa de la demanda podrĆa quedarse en este punto intermedio, dificultando la consolidación de un mercado masivo de coches 100% elĆ©ctricos de baterĆa.
En la prĆ”ctica, esto coloca a EspaƱa en una posición de choque con las pretensiones de parte de la industria automovilĆstica europea y de varios gobiernos que consideran a los hĆbridos enchufables una vĆa de escape para adaptar la transición a un ritmo mĆ”s asumible para los consumidores y los fabricantes.
Apoyo del sector de la electromovilidad y preocupación industrialā¦

La ofensiva de Moncloa no se produce en solitario. Asociaciones espaƱolas vinculadas a la movilidad elĆ©ctrica, como Aedive y AORU, han respaldado abiertamente la carta de SĆ”nchez y piden a la Comisión que mantenga intactos los objetivos de CO2 para 2035. SegĆŗn estas entidades, la industria y los inversores necesitan āseƱales claras, estables y coherentesā si se quiere acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga y consolidar una cadena de valor europea competitiva en el vehĆculo elĆ©ctrico.
Al mismo tiempo, el propio sector del motor advierte de que una relajación excesiva de las normas puede tener un efecto boomerang. Organizaciones como Transporte y Medioambiente sostienen que rebajar el objetivo de reducción de emisiones al 90% permitirĆa a los fabricantes cumplir con la ley recurriendo en gran medida a los hĆbridos enchufables, sin necesidad de apostar de forma decidida por el elĆ©ctrico puro. Eso, alertan, harĆa que Europa volviera a perder una carrera tecnológica clave, como ya ocurrió en otros Ć”mbitos industriales.
En EspaƱa, el debate se sigue con especial atención por el peso del automóvil en la economĆa nacional. El paĆs cuenta con 17 plantas de producción y alrededor de 2,4 millones de vehĆculos fabricados al aƱo, de los que una parte muy relevante se destina a la exportación. Aunque la producción de elĆ©ctricos ha crecido, todavĆa representa solo una fracción del total, lo que genera inquietud sobre cómo se gestionarĆ” la transición sin dejar a nadie por el camino.
MĆ”s exigencia a las flotas de empresa y apuesta por el Ā«coche pequeƱo asequibleĀ»ā¦

Otra de las banderas que levanta el Gobierno espaƱol es la de la electrificación de las flotas corporativas, que suponen aproximadamente el 60% de las matriculaciones de coches nuevos en Europa. SĆ”nchez defiende que establecer cuotas mĆnimas de vehĆculos de cero emisiones en estas flotas puede ser una herramienta muy potente para dinamizar el mercado, tanto de primera mano como de segunda mano.
La lógica es sencilla: si las empresas renuevan sus flotas con coches elĆ©ctricos a mayor ritmo, en pocos aƱos habrĆ” mĆ”s oferta de vehĆculos usados a precios asequibles, facilitando el acceso a la movilidad elĆ©ctrica para hogares con menor capacidad adquisitiva. Esta medida, sin embargo, despierta recelos en el bloque liderado por BerlĆn y Roma, que teme una carga adicional para las compaƱĆas en un contexto económico delicado.
EspaƱa ha puesto tambiĆ©n sobre la mesa la creación de una nueva categorĆa de Ā«coche pequeƱo y asequibleĀ» dentro de la normativa europea de homologación. La idea es establecer una subcategorĆa especĆfica para vehĆculos urbanos de bajo coste āinspirada en parte en los Ā«kei carsĀ» japoneses, pero adaptada al entorno europeoā que facilite el desarrollo y comercialización de pequeƱos elĆ©ctricos baratos. Bruselas estudia, incluso, conceder ventajas adicionales a estos modelos, como prioridad en aparcamientos o acceso preferente a puntos de recarga, algo que ha despertado el interĆ©s de fabricantes como Stellantis y Renault.
Un equilibrio delicado entre clima, empleo y competitividadā¦

En el trasfondo de este enfrentamiento late una pregunta complicada: hasta qué punto puede la UE mantener su ambición climÔtica sin poner en riesgo su tejido industrial. España defiende que no hay contradicción si se actúa con anticipación y coherencia regulatoria, y avisa de que ceder ahora a las presiones para retrasar el calendario puede acabar siendo mÔs caro a medio plazo.
La Comisión, por su parte, debe lidiar con presiones cruzadas de gobiernos, eurodiputados, fabricantes y organizaciones ecologistas, cada uno con prioridades distintas. Lo que se decida sobre el veto a los coches de combustión en 2035 marcarĆ”, en buena medida, el rumbo de la polĆtica industrial y climĆ”tica europea de las próximas dĆ©cadas y condicionarĆ” el futuro de millones de empleos ligados al motor, tambiĆ©n en EspaƱa. En este panorama, la posición firme del Gobierno espaƱol se ha convertido en uno de los principales contrapesos a la tentación de rebajar la ambición del pacto verde europeo.