Europa exige a España pagar por usar las autovías en un plazo de dos meses

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que implemente un sistema de pago por el uso de autovías, una medida que busca garantizar el mantenimiento de las infraestructuras viales y fomentar una movilidad más sostenible. La exigencia viene respaldada por la Directiva Euroviñeta, que obliga a los Estados miembros a incorporar peajes o viñetas en sus carreteras, trasladando de esta forma los costes de uso al conductor.

Han pasado varios años desde que esta normativa comenzó a discutirse, pero España, al igual que otros siete países europeos, no ha cumplido con el plazo fijado para adoptarla. Ahora, Europa exige que se dé respuesta a este incumplimiento en un plazo de dos meses. De no hacerlo la situación podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con posibles sanciones económicas para el país y los otros siete díscolos de Europa.

¿Qué significa pagar por usar las autovías?

El sistema propuesto por Bruselas no se limita a una tarifa fija, sino que pretende ajustarse a diversos factores. Entre ellos, se contempla la distancia recorrida, el tipo de vehículo usado, las emisiones de CO2 y la franja horaria en la que se circula. Este modelo, conocido como «peaje dinámico», podría traducirse en varios costes para los usuarios dependiendo de estas variables.

En un cálculo preliminar realizado hace dos años, se estimó que los peajes podrían oscilar entre 1 y 9 céntimos por kilómetro. Por ejemplo, un trayecto entre Madrid y Barcelona podría costar entre 6 y 56 euros, dependiendo de las condiciones específicas de cada vehículo y su uso.

Un problema de mantenimiento e inseguridad vial

Bruselas lleva tiempo alertando sobre el déficit de mantenimiento en la red de carreteras españolas, una situación que afecta negativamente a la seguridad vial. Según las estimaciones de la Comisión Europea, dicho déficit asciende a unos 10.000 millones de euros. Esta cifra pone de manifiesto la urgencia de encontrar solución a este problema para que se pueda solucionar y, a la vez, sea sostenible a lo largo del tiempo.

El dinero recaudado con este sistema estaría destinado íntegramente al mantenimiento de las infraestructuras. De esta forma se garantizaría que las carreteras en España permanezcan en condiciones óptimas y seguras para todos los usuarios.

Compromiso medioambiental

La Directiva Euroviñeta no solo aborda el mantenimiento de las infraestructuras, sino que también busca incorporar criterios medioambientales en el cálculo de las tarifas. Esto significa que los vehículos que emitan más gases contaminantes pagarían tarifas más altas, incentivando así el uso de automóviles menos contaminantes y promoviendo una reducción de la huella de carbono en las carreteras.

Este enfoque es coherente con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, que busca avanzar hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente al tiempo que se reduce la dependencia de combustibles fósiles.

Un plazo que expiró en 2024

El plazo para transponer esta normativa en el marco legislativo español expiró el pasado mes de marzo de 2024. Sin embargo, no solo España se encuentra en esta situación; países como Grecia, Italia y Polonia también han incumplido el plazo establecido. Ahora, tanto España como el resto de los Estados miembros afectados tienen hasta febrero de 2025 para tomar medidas concretas.

De no hacerlo, la Comisión Europea podría remitir el caso al TJUE, cuyas resoluciones son vinculantes. En este escenario, España podría enfrentarse a penalizaciones económicas que complicarían la situación financiera del país.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha señalado que la implementación de los peajes no implicará la creación de nuevas tarifas ni modificaciones en las autopistas en régimen de concesión. Aún así, las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre podrían ver cómo sus costes son ajustados para los vehículos pesados en función de múltiples factores.

La decisión europea plantea un reto importante para España, que deberá encontrar el equilibrio entre cumplir con las exigencias de Bruselas, garantizar unas infraestructuras seguras y sostenibles, y no ahogar económicamente a los conductores.

Fuente – TeleMadrid

Imágenes | AM