El asunto de las multas de tráfico ajustadas según la renta del infractor está generando una gran polémica y debate político en España. La idea principal es la de aplicar un sistema por el cual los importes de las sanciones no sean iguales para todos los conductores. Sino que varíen según los ingresos económicos de cada infractor. Esta idea, defendida por el grupo parlamentario Sumar y contado ya con el respaldo público de miembros del Gobierno, busca poner encima de la mesa si realmente es justo que una multa tenga el mismo peso económico en todos los bolsillos, independientemente de la capacidad de pago de cada uno.
Actualmente, en España, las sanciones económicas por infringir la normativa de tráfico se aplican con la misma cuantía para todos los ciudadanos. Sin embargo, el nuevo debate abierto en el Congreso quiere seguir el principio de progresividad —presente en la estructura del IRPF— para que la gravedad de la sanción se ajuste también a la renta del infractor. El objetivo sería equilibrar el impacto económico de las sanciones, permitiendo que todos los conductores reciban de manera similar la penalización. Así se mejore su poder disuasorio, sin que la multa sea inasumible para los que menos tienen ni insignificante para los que más ganan.
¿En qué consiste la propuesta de multas progresivas por renta?
La proposición de Ley, presentada por Sumar y apoyada por parte del Ejecutivo, pretende modificar el artículo 81 de la Ley de Tráfico e introducir un sistema que relacione el importe de la multa con el nivel de ingresos del responsable. El aumento del castigo sería progresivo para las rentas altas. Y, en cambio, las personas con menos recursos se beneficiarían de descuentos en la cuantía ordinaria. Este tipo de planteamiento ya funciona desde hace décadas en países como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Suiza, con resultados variados pero siempre con la intención de que la penalización tenga un efecto real de corrección de las conductas peligrosas al volante.
Los porcentajes de incremento o reducción propuestos son claros. Para los que perciben hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la multa se reduciría hasta un 30%. Quienes se sitúan entre 1,5 y 2,5 veces el SMI verían un descuento del 15% sobre el importe base. Por el contrario, las sanciones se multiplicarían notablemente en el caso de las rentas altas: si el infractor declara entre 70.000 y 85.000 euros anuales, la multa subiría un 150% respecto al valor actual; entre 85.000 y 100.000 euros, el incremento sería del 300%; y para quienes superen los 100.000 euros al año, la sanción podría alcanzar hasta un 500% más del importe ordinario. Por ejemplo, una infracción leve de 100 euros se transformaría en 250, 400 o incluso 600 euros, según el caso.
El mismo mecanismo está previsto para las sanciones graves y muy graves. De modo que una multa estándar de 200 euros podría terminar reduciéndose para las rentas más bajas o incrementarse exponencialmente en los tramos superiores de ingresos. Para aplicar el sistema, sería imprescindible el cruce de información con la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social. Pues de ahí se obtendrían los datos necesarios para asignar el tramo adecuado a cada conductor sancionado.
Sistemas similares en Europa y la reacción política…
Este modelo de multas progresivas no es una novedad absoluta fuera de nuestras fronteras. Finlandia, por ejemplo, emplea este sistema desde 1921 y es célebre por algunos casos en los que las sanciones superaron los 100.000 euros para infracciones de velocidad cometidas por grandes fortunas. Otros países como Suecia, Dinamarca, Suiza y Reino Unido aplican variantes de este principio, ya sea para determinados delitos viales o en función del recurso a la multa.
Por el momento, la propuesta española está todavía en fase de tramitación parlamentaria, y no existe fecha prevista para su debate o votación. La oposición a la iniciativa es muy diversa. Algunos partidos de izquierdas estiman que la medida es «justa y adecuada» para reducir la desigualdad y mejorar la seguridad. Otros sectores defienden que todos deberían pagar lo mismo, más allá de sus ingresos. La DGT y responsables de Tráfico han expresado reservas. Aducen posibles dificultades de aplicación o que puede generar inequidad en comparación con otros países donde no existen estos sistemas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado la medida de “loable” y ha señalado el interés del Ejecutivo en extender la progresividad a otras áreas de sanciones administrativas, no solo las asociadas con la circulación. Además, se contempla la elaboración de un informe de viabilidad para evaluar la extensión de estos criterios sancionadores a nuevos ámbitos.
Implicaciones para conductores e incógnitas por resolver…
El sistema previsto busca que el esfuerzo económico para pagar una multa de tráfico sea más homogéneo entre ciudadanos con diferentes niveles de renta. Ajustar las sanciones a la capacidad económica persigue una mayor justicia fiscal y eficacia en la función disuasoria. Sin embargo, aún hay aspectos por resolver, como la protección de datos personales, el funcionamiento en las comunidades autónomas con competencias propias como Cataluña, Euskadi o Navarra, o la integración con los sistemas de descuentos por pronto pago. Todo depende de la evolución del debate parlamentario y del consenso que logre esta iniciativa en las próximas semanas.
La implementación de las multas progresivas según la renta representa un paso importante en la discusión sobre la equidad y la efectividad de las sanciones económicas. Inspirada en modelos nórdicos, la propuesta sigue generando controversia y opiniones opuestas. Pero pone sobre la mesa la necesidad de replantear cómo se aplican las multas, buscando su verdadero objetivo en la seguridad vial y la justicia social. Ya veremos…