El cambio de la movilidad personal hacia el coche eléctrico está en boca de todos. Llevamos ya varios años de presiones y de inestabilidad en el sector del automóvil por la llegada de los vehículos eléctricos, la demonización del diésel y las presiones al mercado por parte de la Unión Europea con sus normativas de anticontaminación. Sin embargo, son muchos los desafíos.
Uno de ellos es que el precio de los coches eléctricos es bastante más alto que el de los vehículos tradicionales y que, para que sea rentable, debemos tener un punto de carga en nuestro domicilio. También entra en juego que las autonomías siguen dando “miedo” a posibles compradores, aunque esto podría solventarse con una red de recarga pública efectiva. Precisamente vamos a hablar de esto último.
Según los resultados obtenidos por el Barómetro de la Electromovilidad en el tercer trimestre de 2023, España va con mucha lentitud en el desarrollo comparando con el resto de Europa. Tanto en la infraestructura pública de los puntos de recarga como en la adquisición de coches EV.
Fijaos que en la finalización del tercer trimestre de 2023 España contaba con un total de 25.180 puntos de recarga en funcionamiento. Sin embargo, sólo el 26% de todos ellos cuentan con una potencia de carga superior a 22 kW, que no es precisamente alta. Es cierto que en los últimos meses se han instalado un buen número de cargadores de media y alta potencia, que vienen muy bien a los usuarios para poder cubrir largas distancias, pero los datos siguen siendo muy pobres.
Otro detalle alarmante es que hay nada menos que 8.869 puntos de recarga fuera de funcionamiento. Es decir, de todos los cargadores públicos, el 26% no funcionan. Los motivos son varios, como averías o, directamente, que aún no han podido conectarse a la red de distribución eléctrica por problemas técnicos o burocráticos.
Es fácil “obligar” a los ciudadanos a que tengan que cambiar sus coches por otros más ecológicos, echando la culpa a la sociedad. Pero si alrededor del 70% de los automóviles duermen en la calle y si no hay una red de recarga pública capaz de abastecer con garantías… ¿Qué sentido tiene todo esto?
Fuente – ANFAC