El caso de una mujer denunciada en Ibiza por avisar en un grupo de Telegram sobre la ubicación de un control de tráfico ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que muchos conductores pasan por alto: hasta qué punto es legal compartir este tipo de información en redes sociales o aplicaciones de mensajerÃa. Lo que para algunos puede parecer una simple ayuda a otros usuarios de la vÃa, para las autoridades supone un riesgo claro para la seguridad vial y para el éxito de los operativos policiales.
La actuación de la Guardia Civil en esta ocasión no se limita a una llamada de atención. Se ha levantado un acta de denuncia apoyada en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como «Ley Mordaza», lo que implica que la conductora se enfrenta a una posible multa de varios cientos o incluso decenas de miles de euros. El episodio sirve de advertencia a quienes utilizan grupos de Telegram, WhatsApp u otras plataformas para informar en tiempo real de controles, controles de alcoholemia o dispositivos similares.
El control de tráfico en Ibiza que destapó el aviso en Telegram
Los hechos se produjeron en la isla de Ibiza, en la carretera EI-200 a la altura de Santa Eulà ria des Riu, donde agentes de la Guardia Civil habÃan instalado un punto de verificación de vehÃculos y personas. Durante el dispositivo, los guardias detuvieron un turismo en el que viajaban dos mujeres, comprobaron su documentación y las dejaron continuar sin mayor incidencia.
Poco después de haber identificado a estas dos ocupantes, los agentes comenzaron a detectar un comportamiento extraño en la circulación. El flujo de vehÃculos por la vÃa principal disminuyó de forma repentina, mientras que varios conductores optaban por utilizar un camino vecinal paralelo para esquivar la zona del control. Este cambio de patrón levantó las sospechas de la patrulla, que interpretó que alguien podÃa estar avisando a otros conductores.
Ante esta situación, la Guardia Civil decidió comprobar si en los canales habituales de mensajerÃa se estaba difundiendo algún mensaje relacionado con el dispositivo. Al revisar un conocido grupo de Telegram utilizado en la isla para informar sobre incidencias de tráfico, los agentes localizaron un aviso muy concreto: un mensaje que indicaba «control rotonda Santa Eulà ria» o formulaciones equivalentes, apuntando directamente al punto en el que se encontraba el control.
Ese grupo, identificado como un canal para compartir información sobre el estado de las carreteras y posibles incidentes en Ibiza, habÃa sido el vehÃculo utilizado para difundir en tiempo real la ubicación del dispositivo policial. El contenido del aviso coincidÃa plenamente con el lugar del operativo y explicaba por qué muchos conductores estaban eludiendo el control utilizando rutas alternativas.
Cómo identificaron a la autora del aviso en el grupo de Telegram
Una vez detectado el mensaje, los agentes iniciaron las gestiones para averiguar quién era la persona que habÃa escrito el aviso en el grupo. A través de las comprobaciones oportunas, la Guardia Civil pudo vincular el perfil que difundió la alerta con una de las mujeres que habÃa sido identificada minutos antes en el propio control de tráfico.
Cuando los guardias localizaron a la supuesta autora, le comunicaron que se habÃa procedido a levantar un acta de denuncia por una infracción grave en materia de seguridad ciudadana. El Instituto Armado entiende que la conducta encaja en el supuesto de «uso no autorizado de datos» sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sobre un operativo en curso, al haberse difundido información que podÃa comprometer su resultado.
Según la información facilitada por la propia Guardia Civil, la denuncia se formula especÃficamente al amparo del artÃculo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015. Este precepto sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes que pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar, la de instalaciones protegidas o el éxito de una operación, siempre respetando el derecho fundamental a la información.
En el caso de Ibiza, el foco se sitúa en la parte del artÃculo que hace referencia a poner en riesgo el éxito de una operación policial. Para los agentes, el aviso emitido en el grupo de Telegram habrÃa permitido a numerosos conductores evitar un control destinado a comprobar documentación, detectar consumo de alcohol o drogas al volante, localizar vehÃculos sin seguro o incluso interceptar a personas buscadas.
Qué sanción se arriesga por avisar de controles en Telegram
El artÃculo 36 de la Ley de seguridad ciudadana agrupa un conjunto de conductas consideradas infracciones graves, entre las que se incluye el uso no autorizado de información sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando afecte a operativos en marcha. Estas infracciones se sancionan de acuerdo con lo establecido en el artÃculo 39 de la misma norma.
En concreto, la ley fija que las infracciones graves se castigarán con una multa de entre 601 y 30.000 euros. El importe final dependerá del grado de gravedad que determine la Administración: grado mÃnimo (de 601 a 10.400 euros), medio (de 10.401 a 20.200 euros) o máximo (de 20.201 a 30.000 euros). La cuantÃa se ajusta en función de aspectos como la repercusión de la conducta, el número de personas afectadas o el perjuicio generado para el operativo.
En este contexto, el aviso en un grupo de mensajerÃa que provoca que decenas de conductores esquiven un control puede ser valorado como especialmente relevante. Aunque la denuncia notificada a la mujer de Ibiza no concreta públicamente la cifra exacta, el marco sancionador que se le aplica es el de una infracción grave en materia de seguridad ciudadana, con el citado abanico económico.
Conviene distinguir este tipo de supuestos de otros comportamientos que, a dÃa de hoy, son legales. Informar de radares fijos publicados por la DGT o de aplicaciones de navegación, por ejemplo, no está prohibido, siempre que se trate de información ya difundida por canales oficiales y no de un operativo puntual. Lo que la ley sanciona en estos casos es la difusión de datos concretos sobre dispositivos en marcha que puedan frustrar la actuación de los agentes.
Por qué avisar de controles de tráfico puede ser perseguido
La Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico llevan tiempo advirtiendo de que avisar a otros conductores de la presencia de controles policiales no es una broma inocente. Estos dispositivos no solo sirven para sancionar infracciones leves, sino que tienen como objetivo detectar conductores que circulan bajo los efectos del alcohol o las drogas, localizar vehÃculos sin seguro obligatorio, interceptar personas con órdenes de búsqueda o prevenir delitos en general.
Cuando un mensaje en Telegram, WhatsApp o cualquier red social se difunde de forma masiva durante la realización de un control, se facilita que quienes puedan estar cometiendo infracciones graves esquiven el dispositivo. Esto no solo reduce la eficacia del operativo, sino que también puede mantener en circulación a conductores peligrosos para el resto de usuarios de la vÃa.
Las autoridades insisten en que no está permitido difundir en tiempo real información precisa sobre la ubicación y desarrollo de controles, especialmente cuando se detalla el lugar exacto del operativo y se advierte del mismo con la intención de que otros lo eviten. En este tipo de situaciones, la conducta puede ser analizada bajo la óptica de la Ley de seguridad ciudadana e incluso, en casos extremos, llegar a valorarse si existe encaje en figuras delictivas, aunque lo habitual sea la vÃa administrativa.
El mensaje que se lanza desde la Guardia Civil es claro: el uso de redes sociales y apps de mensajerÃa para «chivar» controles es una práctica que puede acabar con sanciones importantes. En palabras del propio Instituto Armado, la difusión de este tipo de datos relativos a operativos en marcha no está permitida y su utilización inadecuada será perseguida cuando se entienda que pone en peligro la seguridad ciudadana o el éxito de una operación.
Grupos de Telegram y WhatsApp bajo el radar de las autoridades
En los últimos años se han multiplicado los grupos de aviso de controles, radares y operativos policiales en plataformas como Telegram o WhatsApp. Muchos de estos canales se presentan como espacios para compartir información de utilidad sobre atascos, accidentes, obras o incidencias meteorológicas en carretera, pero en la práctica también se utilizan para avisar de controles de alcoholemia o de presencia de patrullas.
Según reconocen fuentes de Tráfico, en su origen algunos de estos grupos se veÃan incluso como una herramienta útil para mejorar la seguridad vial informando de peligros u obstáculos en la carretera. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a incorporar mensajes especÃficos sobre la localización de controles móviles y dispositivos de la Guardia Civil, lo que ha cambiado por completo la valoración que hacen las autoridades de estas prácticas.
En el caso de Ibiza, el grupo de Telegram en cuestión estaba supuestamente orientado a comunicar incidencias en las carreteras de la isla, pero terminó siendo el canal por el que se difundió un aviso directo sobre un control en la rotonda de Santa Eulà ria. La actuación de la Guardia Civil evidencia que, si se acredita que estas comunicaciones han afectado a un operativo en curso, los administradores o participantes que difunden los avisos pueden llegar a ser investigados.
En distintas ocasiones se ha planteado incluso la posibilidad de introducir sanciones especÃficas para quienes gestionen grupos dedicados a alertar de controles, con propuestas de multas de varios miles de euros. Aunque esas iniciativas no han cristalizado todavÃa en una regulación concreta, el caso de Ibiza demuestra que, sin necesidad de nuevas leyes, la normativa de seguridad ciudadana ya ofrece herramientas para sancionar este tipo de conductas cuando afectan a operativos reales.
Radares públicos, operativos reservados: la frontera legal
Una de las dudas más frecuentes entre conductores es dónde se encuentra la lÃnea que separa lo legal de lo sancionable. Compartir información sobre radares fijos publicados por la DGT o mostrar en un mapa puntos de control permanentes es, hoy por hoy, una práctica amparada por el hecho de que se trata de datos públicos y conocidos.
Distinta es la situación de los operativos móviles y puntuales que despliegan la Guardia Civil o la PolicÃa. En estos casos, cuando un usuario captura datos sobre la presencia de un control en un momento concreto (ya sea porque lo ve, porque ha sido parado o porque se lo cuenta un tercero) y lo difunde en redes, entra en juego el posible «uso no autorizado» de información relativa a la actuación de agentes en un servicio determinado.
La diferencia, por tanto, radica en que no se sanciona la mera circulación de información vial genérica, sino la difusión concreta, detallada y en tiempo real de la ubicación de dispositivos que dependen de cierto grado de reserva para cumplir su función. Cuando esa difusión impide que la operación se desarrolle con normalidad, las autoridades pueden apreciar una infracción grave bajo la Ley de seguridad ciudadana.
El caso de la mujer denunciada en Ibiza se ha convertido en un ejemplo práctico de cómo puede aplicarse esta normativa en el ámbito digital. Un simple mensaje de texto en un grupo aparentemente cerrado ha sido suficiente para que la Guardia Civil inicie un expediente sancionador que, si se confirma, podrÃa implicar una multa de varias centenas o miles de euros, con opciones para recurrir la multa por avisar de un control.
Lo ocurrido en Ibiza ilustra que el uso cotidiano de Telegram, WhatsApp u otras redes para avisar de controles de tráfico no está exento de consecuencias legales cuando se compromete un operativo. Aunque muchos usuarios sigan viendo estos mensajes como una mera cortesÃa entre conductores, las autoridades insisten en que evitar controles destinados a detectar infracciones graves puede poner en peligro a terceros y que la normativa vigente ya permite sancionar estas conductas con multas que pueden llegar a 30.000 euros.
