La actividad empresarial de Uber sigue creando controversias allá donde pasa. En Estados Unidos prosiguen con las pruebas de sus coches autónomos, tras el accidente que tuvo uno de los Volvo XC90 que tienen en flota. A nivel judicial sigue su litigio con Google por el supuesto caso de espionaje industrial contra el buscador de internet. Además, si todo esto no fuera poco, la mitad de las asociaciones de taxistas y profesionales del transporte de medio mundo están contra ellos.
En Estados Unidos y México parece que las cosas les van algo mejor, pero en Europa no acaban de levantar cabeza. En España ya tuvieron problemas y tuvieron que cerrar, y tal como se les está poniendo el panorama, veremos qué ocurre con otros países de la Eurozona. Según el diario italiano Corriere della Sera, la justicia del país ha asestado otro duro golpe a su actividad empresarial y hasta que solucionen el problema no podrán reanudar sus operaciones.
Al parecer, las asociaciones de taxistas del país se habían levantado contra Uber y su servicio de transporte de personas. Según la demanda interpuesta por éste colectivo, el funcionamiento de Uber y su servicio para reservar vehículos representa competencia desleal ya que no están en igualdad de condiciones que los taxistas. Además, están en contra de que la firma proporcione a los clientes la posibilidad de elegir el tipo de servicio o vehículo que les pueda recoger pues les hace más atractivo que los taxis.
Con todo, la justicia italiana ha dictaminado que «la conducta competitiva injusta puesta en marcha en el territorio italiano de Uber, inhibe las partes del servicio público de transporte no regulares al utilizar la aplicación Uber o aplicaciones similares Lux, súper-SUV, X-Uber, Uber-XL, Select Uber, Uber-Van. La colocación de estas aplicaciones en el territorio italiano y llevar a cabo la promoción y publicación de estos servicios en todo el país tampoco es justo«.
Viento la resolución judicial parece que la empresa de transporte de personas lo tiene complicado. Sin embargo, la corte le ha otorgado un plazo de 10 días (algo lógico y normal) para presentar alegaciones a esta situación así como soluciones alternativas para resolver este problema. Si en este tiempo no llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas partes la empresa será multada a razón de 10 mil euros diarios hasta que se llegue a un acuerdo.
Fuente – Corriere della Sera