La Inspección de Trabajo ha puesto el foco en el sector de la ITV. En Cataluña, Applus afronta procedimientos sancionadores por cómo evalúa la exposición de su plantilla a los humos de motores diésel, mientras que en el País Vasco, ITV Itasua ha sido multada por sustituir a trabajadores en huelga. Son dos frentes distintos, pero comparten un mismo hilo: las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa en las estaciones de inspección.
El primero de los casos se remonta a denuncias del Sindicato Reformista de Trabajadores (SRT) contra Applus, empresa que gestiona numerosas ITV en España. El sindicato sostiene que los operarios llevan años inhalando gases de motores diésel sin medidas suficientes. La Inspección de Trabajo ha acabado dando la razón al sindicato y ha abierto expedientes sancionadores tras comprobar que las evaluaciones higiénicas no cumplían los requisitos técnicos.
Humos diésel: un riesgo cancerígeno que no se mide bien
El origen del conflicto está en la exposición a emisiones de motores diésel, consideradas agentes cancerígenos desde la modificación del Real Decreto 665/1997. Según SRT, Applus utilizaba estudios genéricos y sus procedimientos no reflejaban siempre las condiciones reales de trabajo. Entre las irregularidades que se detallan figuran no hacer el número mínimo de mediciones que exige la norma UNE-EN 689:2019, agrupar estaciones diferentes en los mismos Grupos de Exposición Similar, no valorar el efecto conjunto de NO, NO₂ y SO₂, realizar muestreos con tiempos poco representativos o incumplir criterios técnicos para tomar muestras de emisiones diésel.
La Inspección visitó centros de Sant Just Desvern, Viladecans, Cornellà, Diputació, Sant Andreu de la Barca, Granollers, Igualada, Olèrdola, Vilanova i la Geltrú, Motors, Sabadell, Puigmadrona y otros puntos de la red de Applus. En muchos casos se abrieron expedientes al detectar incidencias en prevención de riesgos laborales. Además de las sanciones, se obliga a la empresa a corregir las deficiencias observadas en seguridad y salud.
El asunto llegó al Tribunal Supremo. Applus recurrió, pero el alto tribunal desestimó su recurso y dejó claro que estar por debajo del valor límite ambiental no exime de aplicar medidas preventivas frente a agentes cancerígenos. La sentencia distingue entre valor límite ambiental y valor umbral, y recuerda que en estos casos los límites no son una frontera bajo la que pueda darse por desaparecido el riesgo. La normativa obliga a reducir la exposición al nivel más bajo que sea técnicamente posible.
Según Colectivo Ronda, el bufete que ha representado al sindicato, Applus tendrá que encargarse del lavado de la ropa de trabajo para que la plantilla no se la lleve a casa, facilitar taquillas dobles para evitar la contaminación cruzada entre el uniforme y la ropa particular, proporcionar equipos de protección individual adecuados —como mascarillas y guantes— y garantizar tiempo suficiente para la higiene personal al terminar la jornada. El objetivo es que las partículas de las emisiones no permanezcan en la piel ni en la ropa.
Multa a ITV Itasua por vulnerar el derecho de huelga
El otro frente está en el País Vasco. La Inspección de Trabajo ha multado con 30.000 euros a ITV Itasua Bergara y Zarautz por vulnerar el derecho de huelga, según ha informado el sindicato ELA. La sanción responde a la contratación de un trabajador para sustituir a otro que estaba secundando los paros, una práctica prohibida por el artículo 6.5 del Real Decreto 17/1977 sobre relaciones de trabajo.
ELA recuerda que la ITV es una prueba obligatoria para los vehículos y que el servicio genera importantes beneficios. De hecho, sostiene que en los últimos cinco años los propietarios han obtenido alrededor de 10 millones de euros en beneficios, mientras la plantilla reclama un convenio que le permita recibir una parte de esa riqueza, generada también con su esfuerzo.
La huelga en Zarautz y Bergara sigue activa. Tras 83 días de paro, empresa y sindicatos no han alcanzado un acuerdo en la última reunión celebrada en Vitoria. Los trabajadores están convocados a manifestarse en Zarautz, con una marcha que arrancará desde la plaza del Ayuntamiento y una lectura al final. La empresa asegura que no ofrecerá más que lo aprobado en la planta de Vitoria, donde sí se aceptó un pacto con una subida del IPC+1%. En Gipuzkoa, los sindicatos piden un IPC+3%, una petición que la compañía considera inviable para mantener sus números.
En la planta alavesa de Júndiz, que también pertenece a Itasua junto a las dos guipuzcoanas, trabajan 52 de las 95 personas del total de la plantilla. Allí la renovación del pacto salió adelante con una votación de 30 a 0 y una subida salarial del IPC+1%. Las partes también cruzaron propuestas: los sindicatos, con mayoría de ELA aunque con algún miembro de LAB, ofrecieron suspender la huelga si la empresa retiraba las denuncias presentadas a varios huelguistas y se comprometía a firmar un acuerdo exclusivo para Gipuzkoa distinto al de Álava. Itasua planteó servicios mínimos para permitir que ciertos vehículos, como transporte escolar, sanitario o con la ITV caducada desde hace mucho, pudieran pasar la inspección. No hubo acuerdo y, por ahora, no hay nueva cita.
Así las cosas, la actualidad de la ITV no solo va de citas y etiquetas: también tiene una pata laboral y sanitaria. En Cataluña, el caso de Applus ha dejado una sentencia que obliga a extremar la protección frente a los humos diésel, incluso cuando las mediciones estén por debajo de los límites. En el País Vasco, la huelga de Itasua y la multa por sustituir a huelguistas mantienen abierto un pulso por el convenio y las condiciones de la plantilla. Son dos episodios que apuntan a lo mismo: la Inspección de Trabajo y los tribunales están dispuestos a revisar con lupa cómo se gestionan la seguridad y los derechos laborales en las estaciones de ITV.
