Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en un elemento habitual en las ciudades espaƱolas. La ley de cambio climƔtico de 2021 obliga a los municipios de mƔs de 50.000 habitantes a crear estas Ɣreas, pero su puesta en marcha estƔ siendo todo menos uniforme. Mientras unos ayuntamientos han estrenado ya sus restricciones, otros siguen atascados en trƔmites o han redactado normativas tan laxas que apenas modifican el escenario.
La gestiĆ³n de cada ZBE es competencia municipal, lo que se traduce en un mosaico de normas, excepciones y calendarios que difieren de una ciudad a otra. Esta falta de armonĆa provoca confusiĆ³n entre los conductores y ha generado crĆticas, tanto desde el Ć”mbito ecologista como desde sectores polĆticos que ven en estas zonas una imposiciĆ³n.
Un mandato legal con aplicaciĆ³n irregular
La Ley 7/2021 de cambio climĆ”tico y transiciĆ³n energĆ©tica estableciĆ³ que todos los municipios de mĆ”s de 50.000 habitantes, asĆ como algunos de mĆ”s de 20.000 con altos niveles de contaminaciĆ³n, debĆan disponer de una ZBE. El objetivo era mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones. Sin embargo, el cumplimiento dista mucho de ser total. Las Ćŗltimas incorporaciones como Vigo o AvilĆ©s se han sumado a la lista, pero la mayorĆa de las localidades obligadas aĆŗn no tienen su zona en pleno funcionamiento. La ley deja en manos de cada consistorio la definiciĆ³n del perĆmetro, las restricciones y las excepciones, lo que explica la heterogeneidad.
Restricciones: de los sin etiqueta a los B y C
El primer paso en la mayorĆa de las ZBE es limitar el acceso a los vehĆculos sin distintivo de la DGT. Estos coches, muchos de ellos antiguos, son el objetivo inicial. A partir de ahĆ, las restricciones se van escalando. Las etiquetas B y C estĆ”n en el punto de mira para los prĆ³ximos aƱos. En ciudades como Vigo se ha fijado el veto a los B en 2027 y a los C en 2030. AvilĆ©s espera hasta 2029 para los B y 2030 para los C. En CataluƱa, la recomendaciĆ³n es restringir la B en 2028. Estos planes se enfrentan a un parque mĆ³vil muy envejecido: en algunos municipios, como los de Gran Canaria o Soria, la proporciĆ³n de coches sin etiqueta ronda o supera el 40%, un factor que complica la transiciĆ³n.
Sanciones: mƔs anuncios que multas efectivas
Uno de los principales hĆ”ndicaps de las ZBE es la falta de un sistema sancionador eficaz. Muchos ayuntamientos han establecido moratorias y periodos informativos prolongados que posponen las multas. En Cuenca, no habrĆ” sanciones hasta 2027 o 2028; en Vigo, un aƱo de gracia; en Soria, hasta noviembre. AdemĆ”s, la infraestructura necesaria para multar automĆ”ticamente, como cĆ”maras lectoras de matrĆculas, no estĆ” completa en muchas ciudades. En CataluƱa, por ejemplo, solo 6 de los 38 municipios con ZBE imponen multas de manera efectiva, y Barcelona cobra menos de un cuarto de ellas. La cercanĆa de las elecciones municipales tambiĆ©n influye: muchos polĆticos temen que las sanciones les cuesten votos.
OposiciĆ³n polĆtica y crĆticas de los ecologistas
La implantaciĆ³n de las ZBE no estĆ” exenta de polĆ©mica. En Castilla-La Mancha, varias ciudades gobernadas por PP y Vox han mostrado resistencia. La ordenanza de Guadalajara fue anulada por un defecto de forma, y en Toledo no se ha aprobado ninguna. En Soria, el PP ha anunciado que recurrirĆ” la zona, mientras que asociaciones ecologistas como ASDEN la consideran ineficaz y diseƱada solo para recibir fondos europeos. Este ambiente de confrontaciĆ³n resta eficacia a una medida que, en teorĆa, busca un beneficio comĆŗn.
Casos concretos: Soria, Vigo y AvilƩs
La ZBE de Soria, activa desde hace pocas semanas, es un ejemplo de restricciĆ³n simbĆ³lica: la mayorĆa de su superficie ya era peatonal, y las excepciones son tan amplias que apenas afectan a los conductores. Por el contrario, Vigo ha optado por una implantaciĆ³n progresiva en cuatro sectores y ha anunciado plazos concretos para etiquetas B y C. AvilĆ©s, por su parte, ha ampliado su zona a un Ć”rea mĆ”s extensa del casco urbano, con limitaciones escalonadas. La falta de uniformidad es evidente entre las distintas localidades, lo que refleja la dificultad de aplicar una polĆtica comĆŗn en un paĆs con tanta autonomĆa local.
Las ZBE estĆ”n lejos de ser un modelo uniforme. La combinaciĆ³n de restricciones suaves, moratorias, excepciones y falta de control genera un escenario donde el impacto real sobre el trĆ”fico es aĆŗn limitado. Mientras tanto, la presiĆ³n de la UE y las obligaciones legales empujan a los municipios a dar el paso, aunque sea con medidas simbĆ³licas. El tiempo dirĆ” si estas zonas se convierten en herramientas efectivas para mejorar la calidad del aire o quedan en un mero trĆ”mite administrativo.