La decisión de Bruselas de suavizar el veto a los coches de combustión a partir de 2035 marca un giro importante en la hoja de ruta climática europea para el automóvil. Lo que estaba planteado como una prohibición casi total de las matriculaciones nuevas con motor térmico pasa ahora a ser un escenario de flexibilidades, condicionadas a objetivos muy estrictos de reducción de emisiones.
En lugar de un corte en seco, la Comisión Europea abre la puerta a que sigan vendiéndose vehículos con motor de combustión después de 2035, aunque en proporciones limitadas y bajo un complejo sistema de créditos ambientales. El mensaje al ciudadano es claro: el motor térmico no desaparece de un día para otro, pero queda relegado a un papel mucho más pequeño y vigilado.
Del veto total a una reducción del 90% de emisiones
La normativa aprobada en 2023 fijaba para 2035 una reducción del 100% de las emisiones de CO₂ de los turismos y furgonetas nuevos respecto a los niveles de 2021, lo que equivalía en la práctica a una prohibición total de la venta de vehículos de combustión, incluidos los híbridos. Con la revisión presentada ahora, el objetivo se rebaja al 90%, dejando un 10% de emisiones residuales permitidas.
Ese 10% no es un cheque en blanco: las emisiones deberán compensarse mediante créditos. Los fabricantes podrán obtenerlos usando acero bajo en carbono fabricado en Europa y recurriendo a combustibles renovables sostenibles, como los electrocombustibles (e‑fuels) y los biocarburantes. También se amplía el catálogo de tecnologías aceptadas como parte de la transición, desde híbridos enchufables hasta motores de combustión muy eficientes.

En términos prácticos, Bruselas ya no mira solo a cada coche de forma individual, sino al promedio de emisiones de toda la gama de un grupo automovilístico. El umbral de 2035 se sitúa en torno a los 11 gramos de CO₂ por kilómetro de media sobre la flota vendida, una cifra que obliga a que la inmensa mayoría de las matriculaciones sean de cero emisiones.
Qué coches podrán seguir vendiéndose tras 2035
Con el nuevo planteamiento, varias tecnologías que iban camino de quedar fuera del mercado europeo ganan tiempo. La Comisión Europea ha detallado que, siempre dentro del límite global de emisiones, podrán seguir desempeñando un papel:
- Los híbridos enchufables (PHEV) de nueva generación, con mayor autonomía eléctrica.
- Los eléctricos de autonomía extendida, que combinan un motor eléctrico principal con un propulsor de combustión que actúa como generador.
- Los híbridos suaves y microhíbridos, que reducen consumos pero mantienen el motor térmico como base.
- Vehículos de combustión compatibles con biocombustibles y e‑fuels de bajas emisiones.
- Soluciones térmicas de alta eficiencia, siempre que la media de la flota respete el objetivo.
Según cálculos internos del sector, por cada turismo de gasolina o diésel que emita en torno a 100 g/km de CO₂ será necesario matricular unos nueve eléctricos puros para cuadrar cuentas y evitar sanciones. Es decir, el coche eléctrico seguirá siendo la columna vertebral del mercado, pero ya no será la única opción posible en los concesionarios.
El papel clave de los créditos y el “acero verde”

El corazón del nuevo sistema es el mecanismo de créditos. Los fabricantes podrán compensar hasta un 10% de sus emisiones de escape a través de diferentes vías, siempre controladas por Bruselas. Los principales canales previstos son:
- Acero europeo bajo en carbono: su uso en la producción de vehículos permitirá compensar hasta alrededor de un 7% de las emisiones, creando un mercado preferente para el acero “limpio” fabricado en la UE.
- Biocarburantes y combustibles sintéticos: contribuirán a la descarbonización del transporte por carretera como créditos adicionales, pudiendo cubrir hasta un 3% del objetivo de referencia.
- Compra de créditos de CO₂ entre marcas: una compañía que no alcance el 90% podría comprar excedentes a otra que supere ampliamente los objetivos, con marcas como Tesla bien posicionadas para hacer negocio vendiendo esos derechos.
Las autoridades comunitarias insisten en que, si se suman las reducciones directas de los vehículos eléctricos y las compensaciones vía combustibles renovables y acero verde, el sistema permite mantener la senda hacia la neutralidad climática en 2050, aunque con una transición “más pragmática” y gradual.
Más tiempo y menos exigencias intermedias
La revisión no afecta solo a la meta de 2035. Los objetivos intermedios también se suavizan. Para los turismos, el recorte previsto de emisiones frente a 2021 se mantiene, pero se da algo más de margen temporal para cumplirlo, aproximando el horizonte de plena adaptación del 2030 al periodo 2030‑2032.
En el caso de las furgonetas y vehículos comerciales ligeros, Bruselas reduce el objetivo de reducción de CO₂ para 2030 del 50% al 40%. La propia Comisión reconoce que la electrificación en este segmento “ha sido estructuralmente más difícil” por costes, autonomía y necesidades de uso. Para la industria española, y en particular para plantas como la de Stellantis en Vigo, centradas en furgonetas, esta rebaja se interpreta como una válvula de alivio regulatoria.
Para los vehículos pesados también se anuncian más márgenes en los objetivos de 2030, dentro de una hoja de ruta que seguirá imponiendo reducciones graduales pero menos abruptas de lo previsto inicialmente.
Impulso a pequeños eléctricos “Made in EU”
En paralelo a la mayor flexibilidad para la combustión, la Comisión quiere acelerar la popularización de pequeños coches eléctricos asequibles, fabricados en el propio continente. Para ello se crea la nueva categoría M1e: turismos de menos de 4,20 metros, producidos en Europa y con requisitos técnicos simplificados.
Estos vehículos disfrutarán de un “superbonus” con un coeficiente de 1,3 en el cálculo del CO₂ de la gama durante un periodo de diez años. En la práctica significa que, si un fabricante vende 10 coches de esta categoría, se le computará como si hubiera vendido 13 eléctricos a efectos de emisiones, un incentivo potente para sacar al mercado urbanos y utilitarios eléctricos más baratos.
Bruselas recomendará, además, que los Estados miembros refuercen las ayudas específicas para estos modelos compactos: subvenciones a la compra, descuentos en peajes, recargas a precios reducidos y otras ventajas. El objetivo es que el precio final se sitúe en una horquilla de unos 15.000 a 20.000 euros, una cifra más asumible para la clase media europea que los actuales eléctricos, que en muchos casos superan con holgura los 25.000 euros.
Plan de apoyo industrial: baterías y “Battery Booster”
El paquete regulatorio viene acompañado de medidas de impulso a la industria europea, con la batería en el centro de la estrategia. Bruselas ha presentado el denominado Battery Booster, un plan que contempla 1.500 millones de euros en créditos a interés cero dentro de un paquete de 1.700 millones para nuevas inversiones en gigafactorías, innovación y cadenas de suministro.
La Comisión subraya que las baterías serán el núcleo de los vehículos del futuro y que Europa necesita reforzar su competitividad frente a China y Estados Unidos. En paralelo, el Ejecutivo comunitario trabaja en la Ley de Aceleración Industrial, pensada para priorizar la producción europea de tecnologías limpias, aunque su tramitación se ha retrasado hasta finales de enero de 2026, dejando en el aire algunas referencias a cuotas y preferencias de contenido local.
Además, se prevé introducir objetivos nacionales para aumentar el peso de los vehículos de cero o bajas emisiones en las flotas corporativas. Cuanto más crezca este parque de empresa, más vehículos eléctricos e híbridos enchufables acabarán llegando también al mercado de ocasión, abaratando el acceso a la movilidad limpia para el comprador medio.
División política: Alemania e Italia frente a España y Francia
El giro de Bruselas no se entiende sin el intenso pulso político entre los principales países fabricantes. Alemania, apoyada por Italia y varios socios de Europa Central y del Este, lleva años defendiendo una transición más gradual, muy consciente de que sus grandes grupos dominan todavía el negocio de la combustión y de los híbridos enchufables.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha sido tajante: “En 2035, 2040 y 2050 seguirá habiendo millones de coches con motor de combustión en el mundo”. Berlín ha reclamado desde el inicio un “espectro tecnológico más amplio”, que incluya combustibles sintéticos y biocarburantes, y que no limite el futuro de la movilidad europea solo al eléctrico puro y al hidrógeno.
En el otro lado se sitúan Francia y España, que oficialmente han defendido mantener intacto el horizonte de 2035 como referencia para un parque de nuevas matriculaciones sin emisiones. Sin embargo, estos países también han pedido flexibilidad en forma de supercréditos ligados a contenido europeo, incentivos a materiales locales y mecanismos para blindar a la industria frente a la avalancha de eléctricos chinos baratos y los altos costes energéticos.
Francia ha terminado acercándose parcialmente a la postura alemana, aceptando la posibilidad de vender algunos coches de combustión más allá de 2035 siempre que tengan al menos un 75% de componentes fabricados en Europa. España, en cambio, se ha mantenido más firme: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, han reclamado por carta a Ursula von der Leyen que no se relajase el veto original y que se preservasen los objetivos de cero emisiones para 2035, pidiendo al mismo tiempo más apoyo a la producción europea y al uso de acero verde.
Presiones de la industria y del Partido Popular Europeo
La rectificación se explica también por la presión organizada del sector automovilístico y del Partido Popular Europeo (PPE). Grandes grupos como Volkswagen o Stellantis, agrupados en la patronal ACEA, veían venir una “tormenta perfecta”: caída de la demanda de coches nuevos, retrasos tecnológicos, competencia agresiva de fabricantes chinos de eléctricos más baratos y la incertidumbre regulatoria en plena transición.
El presidente de ACEA, Ola Källenius (CEO de Mercedes‑Benz), ha insistido en que la clave pasa por flexibilidad, apertura tecnológica y políticas específicas para coches, furgonetas, camiones y autobuses, con el fin de retomar la senda de la transformación verde sin sacrificar competitividad ni empleo.
Desde el plano político, el líder del PPE, Manfred Weber, ha sido uno de los más beligerantes. Ya adelantó que la prohibición de los motores de combustión sería corregida, calificando el plan inicial de “grave error de política industrial”. Para este bloque, la nueva propuesta supone una victoria: el veto total desaparece y se sustituye por un sistema de medias y créditos que otorga margen a las tecnologías de combustión mejoradas.
Reacciones en España: apoyo del sector y críticas ecologistas
Aunque el Gobierno español ha defendido una postura más estricta, el tejido empresarial de la automoción en España ha acogido con buenos ojos la flexibilización. Asociaciones como Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) o Ganvam (distribuidores) destacan que el nuevo marco permite compatibilizar reducción de emisiones con competitividad industrial y mantenimiento del empleo.
Estas patronales valoran positivamente el paquete de medidas de Bruselas, aunque insisten en que los objetivos solo serán alcanzables si se acompañan de herramientas concretas: incentivos fiscales a la demanda, un despliegue más rápido de infraestructuras de recarga, marcos fiscales estables y mecanismos de flexibilidad que den oxígeno a los fabricantes mientras la electrificación gana volumen.
Desde el lado ambiental, en cambio, las organizaciones ecologistas han reaccionado con dureza. Entidades como Transport & Environment consideran que la UE “ha optado por la complejidad en lugar de la claridad”, y que cada euro destinado a híbridos enchufables es un euro que no va a vehículos eléctricos puros mientras China avanza a toda velocidad. Temen que rebajar el objetivo del 100% al 90% se traduzca en millones de coches contaminantes adicionales circulando más allá de 2035 y en una pérdida de liderazgo climático frente a Asia.
Geopolítica, coches chinos y guerra comercial
La Comisión no esconde que el contexto geopolítico pesa en esta decisión. El comisario de Clima, Wopke Hoekstra, ha reconocido que Europa se encuentra “en medio de una enorme transición”, con China compitiendo agresivamente en vehículos eléctricos y baterías mientras Estados Unidos mantiene una ventaja en productividad e innovación en varios sectores clave.

En los últimos años, los fabricantes chinos de eléctricos han ganado cuota de mercado en Europa, incluso pese a los aranceles impuestos por la UE. Algunos grupos europeos pierden terreno en China frente a las marcas locales, y al mismo tiempo sufren la llegada de modelos chinos más asequibles en casa. A ello se añaden las tensiones con EE. UU., incluidos aranceles a determinados vehículos y componentes, lo que complica aún más la planificación estratégica de las marcas europeas.
En este contexto, Bruselas intenta cuadrar tres objetivos: clima, competitividad e independencia industrial. El nuevo paquete se presenta como “ambicioso, equilibrado y pragmático”: concede más margen a la combustión, pero refuerza al mismo tiempo el apoyo a la cadena de valor eléctrica y a la producción interna de tecnologías limpias, con la vista puesta en que Europa no pierda pie en la próxima década.
El ciudadano ante el cambio de reglas
Para el comprador medio, la nueva hoja de ruta tiene una lectura relativamente sencilla: los coches de combustión no desaparecerán bruscamente en 2035, pero el peso de los modelos eléctricos e híbridos enchufables será cada vez mayor en la oferta. El futuro catálogo combinará tecnologías muy diversas, aunque la regulación empujará de forma clara hacia las cero emisiones.
Las asociaciones del sector en España subrayan que la decisión de Bruselas introduce mayor realismo regulatorio y se ajusta mejor al ritmo económico de los hogares. Sin embargo, también advierten de que sin un fuerte estímulo a la demanda y sin una red de recarga densa y fiable, el objetivo de electrificación seguirá encontrando resistencias, especialmente entre la clase media y en el ámbito rural.
Al mismo tiempo, el mercado de ocasión y el envejecimiento del parque automovilístico siguen siendo un reto en países como España: sin ayudas estables al cambio de vehículo y sin una estrategia clara para renovar los coches más antiguos y contaminantes, los avances sobre el papel pueden tardar en traducirse en mejoras reales de calidad del aire.
La suavización del veto a los coches de combustión en 2035 refleja el delicado equilibrio que intenta mantener la Unión Europea: no renuncia a la neutralidad climática ni al coche eléctrico como apuesta principal, pero reconoce que la transición necesita más tiempo, más flexibilidad tecnológica y un mayor acompañamiento a la industria y a los ciudadanos para no dejar a nadie atrás.
Índice
- 1 Del veto total a una reducción del 90% de emisiones
- 2 Qué coches podrán seguir vendiéndose tras 2035
- 3 El papel clave de los créditos y el “acero verde”
- 4 Más tiempo y menos exigencias intermedias
- 5 Impulso a pequeños eléctricos “Made in EU”
- 6 Plan de apoyo industrial: baterías y “Battery Booster”
- 7 División política: Alemania e Italia frente a España y Francia
- 8 Presiones de la industria y del Partido Popular Europeo
- 9 Reacciones en España: apoyo del sector y críticas ecologistas
- 10 Geopolítica, coches chinos y guerra comercial
- 11 El ciudadano ante el cambio de reglas

